Ecologistas en Acción considera que el acuerdo por Doñana suscrito el pasado lunes entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, es "un simple protocolo de cordialidad" que "ofrece algunas certezas y numerosas incertidumbres regadas con mucho dinero público y pocas garantías".
La organización, a través de un comunicado, ha señalado que tenía la esperanza de que "ante el abismo en que se encuentra Doñana y la amenaza de sanciones que amenaza al Estado español por no conservar sus valores" ambas administraciones alcanzaran "un pacto para acabar con el robo de agua, restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, y crear un instrumento normativo definitivo para blindar Doñana con garantías".
Sin embargo, consideran que el documento firmado "compromete, básicamente, a mantener un foro de diálogo, buscar el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de la integridad de Doñana, que se cumpla la legalidad, que se logre concluir el procedimiento de infracción abierto por la unión Europea al estado español y tomarse en serio las recomendaciones de las Misiones de Ramsar y de la Unesco. Así, en sentido amplio y sin más detalle".
Han indicado que las dos administraciones han presentado sendos documentos de actuaciones en el marco del protocolo firmado, el de la Junta de 11 páginas, el del Ministerio de 60 y con periodo de información pública para recibir alegaciones hasta el 15 de diciembre.
Pero la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, han revelado detalles como que "se pretende solventar la deplorable situación del robo de agua en Doñana y el conflicto social creado por sectores agrícolas con cuantiosos pagos directos provenientes de fondos públicos andaluces, españoles y europeos".
Ecologistas considera que el documento de la Junta de Andalucía ha amalgamado proyectos realizados, otros en marcha y algunos aprobados, afirmando que aportan 700 millones de euros en el marco de este protocolo" y que, el mismo "carece de relación con el actual marco de cooperación para el desarrollo sostenible respetando los valores del espacio protegido de Doñana, pues no ofrece detalles novedosos a ese respecto".
Borrón y cuenta nueva
También ha afeado la organización que el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, repita "hasta la saciedad" que el Plan de la fresa de 2014 es "un plan de ordenación que estaba mal hecho" y "era injusto con algunas familias" cuando "se elaboró con consenso y apoyo de todos los sectores" y, además, "prevé cómo tratar los escasos casos que pudieran tener alguna dificultad e incluso el mecanismo para su revisión".
A pesar de ello, se trata de un plan, "sistemáticamente incumplido por agricultores especuladores y poco heterodoxos" a los que de confirmarse lo de las ayudas para la reforestación "les ha salido redonda la jugada de presión".
Y ello porque "estos agricultores -siempre que cumplan la legalidad, según el Ministerio- podrán recibir 100.000 euros del erario público por hectárea que transformen, sin perjuicio de poder concurrir a otras muchas ayudas del ámbito forestal, invertir en entornos más propicios como Marruecos o en las ampliaciones de regadíos de la propia Huelva, así como firmar convenios de compensación de emisiones con empresas que paguen las reforestaciones y las mantengan por 30 años".
En opinión de Ecologistas, "puede que no lo parezca, pero nos encontramos ante el error recurrente de hacer borrón y cuenta nueva" de ahí que aventuren que "tampoco esta vez saldrá Doñana del bucle del fracaso".
