El Colegio Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) analizará en su sesión de este martes diversos recursos interpuestos contra varias de las resoluciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) entre ellos la confirmación o no del cambio de los estatutos en la última asamblea de la institución, tras los escritos que cuestionan su celebración y la ausencia de firma del secretario que confirmara los dos tercios que requería esa propuesta para ser válida.
La polémica vuelve a rodear al COAS que preside Cristina Murillo y, de nuevo, por el cambio de estatutos, en el que se incluye el sistema de voto por correo, y que, además de ser rechazado por dos asambleas en 2019 (mayo y diciembre) fue una de las claves de la anulación de las últimas elecciones que ganó la actual decana, anuladas en primera instancia y ratificadas luego por el TSJA, aunque se tendrá que pronunciar el Supremo tras el recurso de varios colegiados.
Esa modificación estatutaria se incluía, otra vez, en la asamblea del COAS el pasado mayo de 2022 pero en la votación, según la circular del 1 de julio que informaba de la asamblea, incluye el recuento de votos pero no el resultado firmado por el secretario que lo certificara. La modificación requería una modificación de dos tercios pero, en los dos puntos de controversia, no se alcanza por menos de un voto, ya que a los negativos también hay que sumarle las abstenciones.
Esto motivó, además de protestas en la asamblea, un escrito al secretario denunciando el “error material” en el que se había incurrido. En el caso de la votación a la adaptación vigente fueron 286 votos positivos, cuando los dos tercios eran 287,34, mientras que en la propuesta de modificación de los estatutos incorporando enmiendas fueron 289 los positivos, que superarían los 289,34 aunque hay recursos de alzada sobre los votos emitidos.
Con varios recursos de alzada de diferentes colegiados y escritos al secretario reclamando incluso el vídeo de la votación, el COAS ha elevado la cuestión al CACOA, que preside Noemí Sanchís, que lo tratará en su punto 4.2.11), denominado “Informe Estatutos COA de Sevilla y remisión al CSCAE para su informe”, aunque antes tendrá que dirimir tres recursos de alzada que han interpuesto ante el mismo organismo tres colegiados.
Tras publicar el 1 de julio el Colegio el recuento de votaciones sin incluir “el acuerdo que se deriva de las mismas”, los colegiados disconformes con lo ocurrido consideran que el secretario “responsable de la circular colegial, induce de nuevo a equívoco, como hizo en la asamblea, al transmitir de forma velada la imagen de aprobación de un estatuto cuyas votaciones desvelan la insuficiencia, todo ello evitando cualquier pronunciamiento expreso.
Ahora es el CACOA el que debe informar sobre la adecuación a la legalidad supuestamente aprobado en la asamblea y los disconformes consideran que, si el consejo “no paraliza este procedimiento, iniciado irregularmente, será responsable de una supervisión y publicación administrativa sobre un texto que no cumplió con el requisito mínimo de la votación”, aseguran los recurrentes, que recuerdan que el secretario ya está procesado penalmente por un presunto delito societario de alteración de mayorías y por eso, explica, “ha evitado firmar el certificado del acuerdo”.
Además de la votación en sí, los colegiados recuerdan que ya impugnaron la introducción de esta modificación estatutaria en la asamblea y denuncian que la votación se celebró sin que conocerán las enmiendas con suficiente antelación, ya que se les facilitó un día antes de la misma.
Recurso de alzada este mismo lunes
Por otro lado, 16 colegiados han presentado este mismo lunes, día previo a la reunión del CACOA, un recurso de alzada ante el Colegio Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, al que ha tenido acceso Viva, al igual que al resto de la documentación, en el que solicitan la anulación de la publicación del 1 de julio respecto a los resultados de las votaciones de la asamblea del COAS del 31 de mayo, “con auténtica publicidad en circular colegial”, y reclaman como medida cautelar “la suspensión de la tramitación administrativa de la modificación estatutaria en el seno del CACOA”.
Los recurrentes entienden que “la tramitación en el CACOA de un texto de modificación estatutaria, y su posterior remisión al CSCAE, sin la comprobación expresa de la aprobación del mismo en la asamblea general del COAS, conlleva una enorme inseguridad jurídica a los colegiados del COAS por cuanto podrían estar generándose actos administrativos que les afectan, nulos o anulables”.
Además, extienden esta inseguridad y con “efectos graves, a los consejeros del CACOA y, en su caso, a los consejeros del CSCAE, que tomarían acuerdos de tramitación a sabiendas de la precariedad e insuficiencia del primer acto administrativo necesario, que habría sido la aprobación de la modificación estatutaria en la asamblea del COAS, pudiendo adquirir así responsabilidad personal en las consecuencias".
Los colegiados también entienden vulnerados sus derechos al apuntar que el secretario, al que se le advirtió el “error material” en la votación, con la publicación de los resultados de la votación en la circular “revisten una apariencia de legalidad” a la modificación del estatuto “que no se produjo”; se incumple la Ley de Colegios Profesionales, en cuanto a los pasos que se deben seguir para modificar los estatutos; y por “indefensión”, “por la equívoca y confusa situación generada por el secretario del COAS.
