Los expedientes a clubes de fútbol por apoyar a sus grupos ultra de hinchas se han incrementando en los últimos años hasta el punto de que en los tres primeros meses de 2013 ha habido casi tantos casos como en todo el año anterior, según denuncia Izquierda Unida tras recibir una respuesta parlamentaria del Gobierno.
En esa contestación al diputado valenciano Ricardo Sixto, el Gobierno indica que, mientras en 2011 "no se registraron casos de favorecimiento por parte de los clubes a los grupos ultra", en 2012 "se produjeron 5 casos de esa naturaleza" y sólo en el primer trimestre de 2013 ya "se han registrado 4 casos".
En todos ellos, detalla el Gobierno, se han elaborado "las correspondientes propuestas de sanción a los clubes implicados", aunque no se especifica el nombre de los equipos ni se detallan los casos concretos.
Los datos señalados anteriormente se refieren a todo el Estado salvo Cataluña, ya que los Mossos d'Esquadra, cuerpo responsable del mantenimiento del orden público en los eventos deportivos que tienen lugar en su demarcación territorial, no remiten este tipo de información.
Según IU, en la información ofrecida por el Gobierno se aprecia también otro dato llamativo: mientras aumentan los casos de colaboración de los clubes con los grupos ultra, descienden los incidentes que acaban con propuestas de sanción individuales a personas.
Así, "durante 2011 se registraron 16 incidentes en los estadios de fútbol de Primera, Segunda y Segunda División B, siendo propuestas para sanción un total de 23 personas. Por lo que se refiere a 2012, el número total de este tipo de incidentes fue de 5, habiéndose propuesto sanción a 5 personas. En el tiempo transcurrido de 2013, se han registrado 2 incidentes de esta naturaleza, dando lugar a la propuesta de sanción de 2 aficionados".
El Ejecutivo especifica que estos datos se obtienen de acuerdo con la información incluida en los informes que realiza trimestralmente el Ministerio del Interior "conteniendo el análisis y un mapa de incidentes racistas, xenófobos e intolerantes en el fútbol, del cual se remite copia, entre otros organismos, a la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes".
El escrito remitido desde Moncloa no entra a responder directamente a las cuestiones planteadas por Sixto sobre "¿Cómo valora el Gobierno que el Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte desde hace dos años no se reúne porque no lo convoca el Consejo Superior de Deportes?" o la valoración de que "en estos momentos no se esté realizando una observación efectiva del racismo y la xenofobia en el fútbol".
Se señala, no obstante, que "los planes que se están llevando a cabo se coordinan a través de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que, en función de los informes emitidos, adopta las medidas que afectan a cada una de las organizaciones representadas en la misma (Fiscalía General del Estado, Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Ministerio del Interior, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía)".
En su origen, la iniciativa registrada por Ricardo Sixto partió del incidente ocurrido a mediados del pasado mes de febrero en el que un árbitro valenciano de 17 años perdió el bazo tras sufrir una paliza durante un partido de Segunda Regional. A partir de este hecho, la motivación de su pregunta incluía otra serie de hechos referidos a la violencia y el racismo en los campos de fútbol españoles, como los denunciados por el futbolista Dani Alves a raíz de un partido de la Copa del Rey, en el que parte del público realizó insultos racistas imitando los movimientos y el grito de un mono.
