El Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba ha condenado a la compañía Pharmex a pagar más de 575.000 euros a 26 ex trabajadores de la extinta empresa Laboratorios Pérez Giménez, una farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba) que fue adquirida por la mencionada multinacional suiza, que ahora debe indemnizar a los citados ex empleados, cuyos derechos han sido así reconocidos, gracias a la labor de los servicios jurídicos de UGT Córdoba, tras cinco años de litigios.
Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado dicho sindicato, que señala que los 26 ex trabajadores reclamaron a la nueva propietaria de la farmacéutica, Pharmex Advance, a través de los servicios jurídicos de UGT Córdoba, "las cantidades correspondientes a salarios e indemnizaciones no abonadas tras la adquisición de la unidad productiva de la popular empresa productora del Calmante Vitaminado".
En total, el citado juzgado cordobés ha condenado "solidariamente a la empresa suiza a pagar más de 575.000 euros a estos empleados de Pérez Giménez, que en algunos casos acumulaban hasta 33 nóminas sin cobrar".
Laboratorios Pérez Giménez, según ha recordado UGT, "entró en concurso de acreedores en noviembre de 2011. Posteriormente, por un auto del 8 de enero de 2015, se acordó la extinción de los contratos de trabajo, entre otros, de los demandantes, con efectos de diciembre de 2014".
Tras algunos intentos fallidos, en 2016 "el Juzgado Mercantil autorizó la venta anticipada y directa de la unidad productiva, propiedad de la concursada Pérez Giménez, a Pharmex Advance, o sociedad participada por la misma. Una venta que, a diferencia de las anteriores que se habían planteado, eximía a la compañía de asumir trabajadores de la concursada".
Desde entonces, la empresa suiza ha alegado "prescripción" para no reconocer el derecho a cobro de los demandantes, "que quedaban desamparados en este entramado concursal, trazado por Francisco Estepa y otros administradores, en el que siempre primaron los intereses empresariales por encima de los derechos de los trabajadores, que llevaban sufriendo años de impagos e incertidumbre".
Sin embargo, "la constancia y el apoyo incondicional a estos trabajadores", por parte de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba, "ha propiciado esta condena, con importes que van desde los 5.000 a los 49.000 euros por empleado, hasta alcanzar los 575.284 euros que recoge el fallo".
Tras conocer la sentencia, el secretario general de UGT-FICA Córdoba, Pedro Téllez, acompañado del que fuera delegado sindical de UGT en Pérez Giménez, José Ruiz, ha criticado "el daño producido a estos trabajadores por la gestión tan nefasta llevada a cabo por los administradores concursales", y ha afirmado que "la Justicia, aunque lenta, vuelve a ratificar que las demandas realizadas por UGT en su día tenían base jurídica suficiente como para el reconocimiento de esta deuda".
