El empresario y exedil del Ayuntamiento de la capital cordobesa Rafael Gómez, interno en prisión por la pena de cinco años y tres meses de cárcel como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros, ha pedido entrevistarse con el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba, para abordar su estado de salud, entre otros asuntos.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado ha aprobado dicha solicitud y en próximos días el juez le visitará, como también hará con otros presos que realizan dicha petición, por lo que en este caso se encuentra "dentro de la normalidad".
Al respecto, según ha adelantado el diario 'ABC', el empresario cordobés, de unos 74 años, que cumple la citada condena por la que ingresó en el Centro Penitenciario de Alcolea el día 4 de diciembre, "se encuentra en mal estado anímico".
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitió a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa del empresario contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba por la que está en la prisión cumpliendo la pena de cinco años y tres meses de cárcel tras el fallo que también le condena a una multa de cerca de 112 millones de euros, al tiempo que está pendiente del indulto solicitado, que ha de resolverse en el plazo máximo de un año.
En este caso, el juez del Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, ha explicado en un auto que "la edad del penado y su condición física, a la vista de la documental e informes médicos presentados, deberán ser tendidas en cuenta y valoradas, en su caso, en el ámbito del tratamiento penitenciario".
LA SENTENCIA
La sentencia, confirmada por la Audiencia de Córdoba, consideró probado que el empresario cometió dos delitos, ambos en 2006. El primero a través de Arenal 2000, al dejar de ingresar a Hacienda 25,5 millones reduciendo la factura fiscal. El segundo, a través de Arenal 2001, siendo la cantidad defraudada de 3,2 millones y con un método similar.
En la resolución se subraya que "quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas del grupo era Gómez, mientras que su esposa e hijos eran meros empleados del entramado empresarial", estimando que "realmente no tenían conocimiento de la marcha y decisiones de las empresas del grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían".
Así, aunque el Ministerio Público pidió 40 años de cárcel para Gómez por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos, el juez dejó las penas para el empresario en algo más de cinco años y absolvió a los hijos y la mujer, a ésta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como partícipe a título lucrativo.
Como se recordará, Rafael Gómez fue condenado en el caso 'Malaya' por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
