La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 15 municipios de Córdoba el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento creado por su departamento que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Estas nuevas adhesiones incrementan la cifra de ayuntamientos de la región que apoyan esta iniciativa hasta los 86, de los cuales 22 corresponden a la provincia de Córdoba.
Concretamente, los ayuntamientos que este miércoles se han sumado a esta iniciativa para defender el "derecho humano a la vivienda", como lo ha descrito la consejera en una rueda de prensa, son Espiel, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, La Granjuela, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Villaharta, Palma del Río, Posadas, Fuente Palmera y Almodóvar del Río. Con anterioridad han rubricado su participación los municipios de Belmez, Baena, La Rambla, Doña Mencía, Priego de Córdoba, Puente Genil y Castro del Río.
Para Cortés, el apoyo que cada vez más ayuntamientos andaluces están expresando al sumarse al programa "demuestra que estos alcaldes quieren estar al lado de las víctimas de la crisis para darles soluciones a las familias que se han visto gravemente dañadas por un sistema que ha pisoteado el derecho a la vivienda". La consejera ha recordado que además de los ayuntamientos se han unido al Programa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Diputación de Huelva.
"Este creciente bloque institucional andaluz --ha añadido la consejera-- demuestra que en Andalucía existe un convencimiento político de actuar de otra manera". Al respecto, Cortés ha señalado que la "histórica" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea "debe marcar un punto de inflexión", de modo que "el Gobierno debe decidirse ahora entre unas leyes que blindan privilegios de las entidades financieras o una sentencia que garantiza los derechos de los ciudadanos", al tiempo que ha recordado que, con esta sentencia, las oficinas disponen de "una herramienta muy poderosa para paralizar desahucios".
Por ello, ha destacado que las oficinas del programa "seguirán trabajando con y para que las familias no pierdan sus casas y ahora le daremos a conocer esta sentencia, que viene a reconocer sus derechos a tener una vivienda sin tener que soportar cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios que sólo salvaguardan los intereses de las entidades financieras". Además, "esta forma de entender la vivienda como derecho y no como mercancía es lo que cimienta el trabajo diario de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía.
MÁS DE 80 DESAHUCIOS EVITADOS EN CÓRDOBA
Durante los primeros tres meses y medio de funcionamiento, la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Córdoba --acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y con sede en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda-- evitó 84 desahucios. En total la oficina tramitó 107 expedientes, de los que 16 correspondieron al ámbito de la prevención, 84 al área de la intermediación y siete a la de protección.
En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 16 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.
La intermediación es el servicio más demandado por los cordobeses y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. De las 84 familias atendidas, la oficina ha resuelto ya favorablemente 49 casos, garantizando que estas familias se mantengan en sus viviendas, y 35 se encuentran abiertos con expectativas favorables de resolución. Cortés ha explicado que "si bien se han cerrado de forma positiva casi 50 casos, los otros 35 aún no están resueltos, pero se trabajará para que el resultado sea que el demandan las familias".
Las siete familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Córdoba está comprobando si los afectados ya desahuciados han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.
Cortés ha recordado a todas aquellas personas que se ven amenazadas por el desahucio que deben "perder la vergüenza y el miedo por la situación en la que se encuentran", porque "los culpables no son ellos, pero han querido vendernos el discurso de que hemos sido los únicos responsables de esta situación".
EL CONVENIO
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a los ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a las familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO para poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
