Esta es la historia de una injusticia. De una brutal injusticia. La historia que resume años y años de caos urbanístico. La historia de una permisividad consciente y rentable. Una historia que acabarán, por ahora, pagando solo unos pocos mientras que “otros se irán de rositas”. Es la historia de una de las más de siete mil viviendas irregulares que se reparten por todo el diseminado de Conil. La historia de un joven que bien podría haber escrito Kafka… Un joven sobre el que pesa una orden de ingreso en prisión por negarse a derribar su casa, su única casa en la que convive con su mujer, Petri, y sus dos hijos, Adai e Izan, de tres y un año respectivamente. Esta es la historia de Juan Jesús Ramírez López, cabeza de turco de los desmanes urbanísticos de los últimos treinta años en la localidad.
"Mi madre es la que peor lo lleva. Mi padre también está destrozado. A ellos les cuento lo mínimo. Intento que estén al margen. Lo llevan muy mal. Jamás pensaron que me iba a pasar esto. Es un palo muy grande. Somos gente humilde. No tenemos dinero para buscar otra casa. Quieren ayudarme pero no pueConil es una localidad pequeña. Todo el mundo se conoce. Hay concejales del equipo de Gobierno con viviendas ilegales. Concejales de la oposición. Personal municipal. Policías locales. Familiares de exconcejales, de exalcaldes… Es algo normal… “incluso hay concejales con casas. Yo se lo digo y me contesta que es de su marido y que se la hizo antes de asumir el cargo. Me siento impotente. Es para volverme loco. Conozco a vecinos con diez viviendas para alquilar. Conozco a empresarios con cuarenta en la zona de Roche… y eso nadie lo ha visto. Sin embargo la mía sí, y eso que es para vivir”, explica entre la ira y el cansancio Juan Jesús.
Juan Jesús es hijo de Conil. Trabaja como repartidor. Su familia es humilde, pero con la suerte de contar con tierras en la Dehesa de la Villa, muy cerca del casco urbano de Conil. “Las tierras eran de mis padres y en 2008, como hacía todo el mundo, decidí hacerme la casa”. Sí, era suelo rústico, pero aquí sí que se puede decir que quien esté libre de ese pecado que lance la primera piedra.
Estuvo en la lista de demandantes de una vivienda durante cinco años. Desde los 18, cuando conoció a la que es hoy su mujer. “Había casi mil personas en la lista de espera y apenas se construían casas. No había necesidad de abrir suelo porque la realidad es que todo el mundo se hacía su casita en el campo. Todos callados. Todos contentos. Unos nos la hicimos para vivir, otros para especular… de veras que era lo habitual, ni siquiera pensaba que era ilegal”, rememora Juan Jesús.
Acceso a la vivienda prohibitivo
Acceder a una promoción privada era y es imposible para “un currante, para un mileurista… una casa con 50 años de antigüedad costaba entre 180.000 y 190.000 euros. Las nuevas se destinaban a la especulación. Venía alguien de Madrid y compraba seis o siete apartamentos del tirón”.
Esa situación no ha variado mucho. “Hay mucha gente que se está yendo de Conil a pueblos cercanos. Sobre todo quienes no tienen la suerte de tener un trozo de tierra”.
Este joven hizo lo que todo el mundo hacía. Comenzó a construir. Con los cimientos llegó “un municipal para levantar acta”. El Ayuntamiento tramitó una sanción y se la envió. Al recibir la carta acudió al Consistorio. “Es algo que mandamos a todo el mundo, no te preocupes”, le dijeron, “así que me quedé tranquilo… era el concejal de Urbanismo quien me lo dijo de boca, sin nada firmado, claro”. Así que pagó los tres mil euros de la sanción y siguió construyendo.
El problema es que, a diferencia de “todo el mundo”, le llegó varios meses después una carta de la Fiscalía. Juan Jesús, sobre en mano, regresa al Ayuntamiento. “Nada, nada, eso es de Fiscalía… que vino una inspección y tuvimos que mandar algunos expedientes, me dijeron… ¿cómo?, si me dijisteis que siguiera adelante, que solo tenía que pagar la multa”. Y claro, ese día comenzó su particular odisea.
Comienza su dramática odisea
Su casa no está en suelo protegido. De hecho estaba declarado como Zona de Oportunidades por el POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía) debido a la gran cantidad de viviendas que había. “Me decían que sería urbano en poco tiempo, pero no sé por qué no lo hicieron, si por intereses, por dejadez o porque simplemente no quieren… pero aún así, lo cierto es que el Ayuntamiento me dio pié a construir. Tengo parte de culpa, pero a mí me están destrozando la vida y ellos van a salir de rositas”, insiste este joven.
Su impotencia aumenta cada día que pasa. “Se sigue construyendo y se sigue especulando. Se siguen asfaltando carriles. Ahora están metiendo la fibra óptica…”.
Lo curioso y lo que diferencia este caos urbanístico de otros como el de Zahora o El Palmar es que “la luz me la concedió el Ayuntamiento. El suministro de agua, también. Presenté la documentación que me pedían y listo, a pesar de tener un acta levantada”.
Había ya casas y después se ha seguido construyendo. Si nos damos un paseo por los alrededores de su casa vemos verdaderos chalets con piscinas, incluso algunas naves… Imposibles de no ser detectados. “Esa es su excusa, que no tenían, ni tienen medios para controlarlos, pero es que ¡incluso ellos mismos se han construido casas!”. La impotencia en su voz es indescriptible.
¿Casas por votos?
Juan Jesús tiene claro, al igual que la Plataforma Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares de Conil, PAVIC, que “Izquierda Unida se ha ganado el voto del pueblo gracias a las casas ilegales. Insisto, hay concejales con viviendas ilegales e incluso con complejos turísticos, y son ellos los que deciden qué expediente se manda a la Fiscalía”.
Una vivienda ilegal dedicada al turismo “genera entre ocho y diez mil euros en verano. La mayoría de esos ingresos es en dinero negro, aunque hay ya doscientas casas con el cartel de Alojamiento Turístico… ¿cómo es posible? Esas no se tiran, y a mí me echan a pesar de ser la única casa que tengo, a pesar de ser la casa de dos niños pequeños que se pueden ver en la calle”.
Su situación, insistimos, es kafkiana y roza el absurdo. “El propio concejal que me denuncia es el que me recomendó el abogado. Yo era joven e ingenuo. Le dije al abogado que quería denunciar al Ayuntamiento y que tenía documentación de los servicios que me habían dado, pero me dijo que eso era inviable, que era mejor ir por otra vía con la que ganábamos seguro. Me convenció, pero ahora sé que me engañaron”.
“Me liaron y me lo creí, pero resulta que la mejor vía era la que yo había planteado. Pero, qué casualidad, a las ocho familias cuyos expedientes enviaron a la Fiscalía, nos recomendaron al mismo abogado… era como una mafia, donde el concejal te aconsejaba qué hacer para que todos fuésemos por el mismo camino. Ha sido una gran estafa. Hemos sido engañados”.
Una gota en un océano de ilegalidad
Nos preguntamos cómo es posible que con siete mil viviendas irregulares solo se manden a Fiscalía unos pocos expedientes sancionadores. “Era lo más fácil, buscar unos cabezas de turcos para tranquilizar a los inspectores. Somos pocos e indefensos. El que tiene una casa, no quiere hablar. El que tiene diez, aún menos. Así todos callados y ellos ganan sus votos. Nadie quiere remover esto”.
La otra opción era mandar siete mil expedientes. “Eso conlleva que se vea claramente lo que aquí ha ocurrido. La Fiscalía podría mirar hacia el Ayuntamiento. Lo que tengo claro es que de haber sido así, no se hubiera derribado ninguna, todo lo contrario se tendría que regularizar porque de lo contrario el pueblo arde y se echaría en masa a la calle”.
En 2012 llegó el primer juicio. Al cabo de unos meses le llega una multa de 2.200 euros. Le dicen que la pague en dos años “y así, mientras la estás pagando nadie te molesta. Y así fue, pero cuando terminé de pagar, me llega el auto de demolición de la vivienda y la condena a tres meses de cárcel”.
Entre la espada y la pared toma la única decisión que piensa mantener. “Yo no derribo mi casa porque dejo a toda la familia en la calle”. Así que su abogado comienza a presentar recursos y más recursos… “solo para alargar la sentencia en el tiempo, aunque lo que hacía era alargar mi agonía porque no se me daba una solución”.
Nadie le hacía realmente caso
Entre recurso y recurso, acude asiduamente al Ayuntamiento… pero “solo palmaditas en la espalda, si me portaba bien, y policía para que me fuera si me rebelaba”.
Que no le prestaron atención, “que no se molestaron y que no me quisieron ayudar” quedó patente con una modificación que se realizó en 2016 en ese asentamiento. Una modificación de la que se enteró cuando entró en la PAVIC y que “llegaba hasta la linde de mi terreno. Si la llegan a ampliar hasta el carril, no tendría que entrar en la cárcel y estaría salvado. Una modificación que hizo el mismo concejal que me había denunciado. Cuando se lo dijimos al Ayuntamiento se quedaron estupefactos, pero yo constaté que jamás me habían prestado atención”.
Esa modificación coincidió con la sentencia antes citada que llegó en 2016. “Se me vino el mundo encima. Pensé, me voy a quedar en la calle. Pensé, la gente sigue construyendo. De mis amigos, el primero que se hizo la casa fui yo. Y el único que tiene problemas soy yo. Ellos se han casado y han hecho sus vidas. Yo vivo una pesadilla”.
De hecho, Juan Jesús no ha terminado su casa. No tiene cerramiento. Ni una puerta de entrada a la parcela. Ni un césped. “Echarle dinero no tiene sentido y tampoco puedo porque cada recurso es dinero”. Un solitario olivo, una higuera y tierra suelta forma parte de la entrada a su casa que está rodeada de un sinfín de viviendas ya terminadas. Sinceramente, no tiene ninguna lógica. Es un sinsentido.
Prosiguen los recursos
El proceso judicial sigue su curso. Recurso tras recurso. Las familias afectadas por sentencias similares no se conocían, hasta que en la Venta El Ancla se celebra la primera reunión de la PAVIC y “se nos abren los ojos. Antes hacíamos la guerra cada uno por su cuenta. Compartimos información y supimos que éramos una minoría a la que nos tocaba ser cabeza de turco, mientras los otros expedientes se habían guardado como dijo el propio Ayuntamiento”.
La PAVIC da visibilidad al problema
Contactar y formar parte de la PAVIC supuso hacer público, visibilizar un problema que padecían más familias, pero que cada una de ellas luchaba por su cuenta. Supuso también que se unieran más afectados y que se estudiara a fondo la situación del urbanismo en la localidad. Supuso que crecieran los apoyos entre la población pero “también que saliesen sectores críticos, como algunos vecinos y contratistas, que veían mal que levantáramos la liebre”. No podemos obviar que levantar siete mil viviendas “supone empleo y dinero. Es mano de obra. Materiales. Permisos. Albañiles, peones, carpinteros. Muebles. Electrodomésticos...”.
También “se nos pone en contra el Ayuntamiento. Nos echa la culpa de mover el tema y que solo queremos hacer daño político. Nos culpa de perder dos concejales en 2019”. Juan Jesús cree que “la oposición también se aprovecha. Le pedimos ayuda y nada de nada. Pero es que entre sus concejales también hay quienes tienen casas ilegales. Y claro, eso se lo recuerdan en los plenos cuando dicen algo. Ese es el problema, todo el mundo tiene por dónde callar y al final es una bola”.
Ese año 2019, le llega un auto con fecha para demoler la vivienda en diciembre. “Digo que no la tiro y me aumentan la condena de cárcel a 24 meses por desacato y decretan mi ingreso en prisión. Me quedo destrozado porque no soy un delincuente. Recojo firmas, acudo a los medios de comunicación, le escribo una carta personal al juez, y también la aprobación plenaria para la modificación del PGOU que afectaría a mi vivienda que pasaría de estar en suelo rústico a suelo urbano”.
La Fiscalía y el juez valoraron la documentación y “me dieron dos años de prórroga antes de entrar en prisión”. Dos años en los que acudió prácticamente todos los meses al Ayuntamiento para saber cómo iba la modificación del PGOU. “Estamos en ello. Está en proceso de contratación. Sácate el AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), me decían. Me saco el AFO, que me costó unos 18.000 euros. Segrego mi parcela. Saco mi escritura. La inscribo en el Registro de la Propiedad. Pero el Ayuntamiento no hace nada. Al parecer hace un mes es cuando se ha contratado una empresa para que realice la modificación del PGOU. El juez ve que no se había hecho nada, por lo que anula la moratoria y declara mi ingreso en prisión, dándome cinco días para presentarme de forma voluntaria”.
“¿Cómo que no me preocupe si voy a entrar en prisión?”
Lo supo el día 9 de este mes de junio tras una llamada del juzgado. “Llamé a mi abogado, que me dijo que no me preocupase, que ponía un recurso… ¿Cómo que no me preocupe? ¡Tengo que entrar en prisión en cinco días!, le dije. El sábado llamé al alcalde, a la concejala de Urbanismo… Me dan cita para el lunes a las once. Acudo junto con un miembro de la PAVIC. Allí me dicen que no tienen constancia de la cita. Espero. Estaban reunidos con otro tema y cuando entro hacen el paripé. Mi abogado suelta que el Ayuntamiento no nos puede ayudar y que va a presentar un recurso para ganar tiempo. No entendí que dijese eso. Cada recurso es más dinero y encima le dice al alcalde que el Ayuntamiento no nos puede ayudar… Me dicen que si quiero entrar en prisión es decisión mía y exploto. Perdí los papeles. Me tuvo que sujetar el compañero de la PAVIC. Jamás he sentido tanta humillación, tanta impotencia y tanta rabia. Me quedé muerto y ahí mismo les dije que cambiaba de abogado”.
Ahora va de la mano de Inmaculada Urbina Sánchez, abogada con experiencia en casos similares, que lo primero que le dijo fue que se presentara voluntariamente para su ingreso a prisión, ya que la otra opción era que lo declarasen en busca y captura, y se lo llevasen con “grilletes”. E jueves, dentro del plazo, “acudí al Módulo de Apoyo de Puerto II que está en Jerez, donde me explicaron cómo funciona. Mientras tanto, mi abogada trabaja para que me den el tercer grado, aunque no es inmediato y conlleva un proceso”.
Al lunes siguiente debería haber ingresado, “pero me llamaron el viernes para decirme que se retrasaba por decisión del juez que vio toda la documentación que presentó mi abogada, entre ella las firmas que recogí en su día y el informe de contratación para la empresa que se encargará de la modificación del PGOU. Además, valoró positivamente que me presentara voluntariamente. Ahora estoy a la espera de que me notifiquen cuando entro”.
Su abogada trabaja en un indulto y en paralizar dicho ingreso en prisión, al tiempo que ya estudia su caso para afrontar también el tema de la demolición de su vivienda.
Más de 48.000 euros ya gastados
“Entre abogados, AFO y demás, llevo gastado unos 48.000 euros. Y pago mi luz, mi agua, el IBI al Ayuntamiento.Si derribo o me derriban la casa, me destrozan la vida. Me quedaría en la calle y seguiría pagándola. No me podría comprar otra. Mi poder adquisitivo no alcanza. Esta casa aún la estoy pagando poco a poco. Estuve en el banco y por la edad que tengo y lo que gano, si pidiese una hipoteca rondaría los 1.300 euros de letra. De locos”, explica.
“Es mentira eso que dijo el Ayuntamiento de que nadie se quedaría en la calle, pero yo voy a luchar hasta el final”, asegura para criticar que “dónde están los derechos del menor, porque mis hijos se quedan en la calle. Son ellos los que van a sufrir si entro en prisión, pierdo mi trabajo y derriban su casa ”.
Juan Jesús cree que “al final sí voy a entrar en prisión, aunque quizás no cumpla la condena al completo. En cuanto a la casa, si se derriba, lo harán ellos y sinceramente no sé qué pasaría. Estoy totalmente desesperado. Es la injusticia más grande que se está cometiendo en Conil… mientras estamos hablando se sigue construyendo. No es popular luchar contra esta situación, sobre todo cuando ellos, los que deben vigilar, también siguen haciéndolo”.
En Conil tuvo que dimitir un concejal (Manuel Vicente Alba) porque “su hijo se estaba haciendo una casa ilegal”. Era el responsable de Seguridad, o sea, el que tenía que vigilar.
Juan Jesús rompe a llorar
La charla se alarga. Estamos en su casa. Hasta ahora Juan Jesús ha logrado mantenerse entero, sin perder la compostura. Sin desmoronarse. Pero le pregunto qué piensan sus padres sobre su caso… Entonces su cara se descompone. Trata de evitar, en vano, que las lágrimas broten. Todo el dolor que mantuvo a raya durante esta entrevista se desborda y desboca como una cascada. Intenta hablar, pero no puede. Solo palabras entrecortadas… “Mi madre… mi madre es quien peor lo lleva”. Rompe a llorar.
Cuando se recompone reitera que “mi madre es la que peor lo lleva. Mi padre también está destrozado. A ellos les cuento lo mínimo. Intento que estén al margen. Lo llevan muy mal (solloza de nuevo). Mi padre me ayudó en la obra. Es pensionista. Jamás pensaron que me iba a pasar esto. Es un palo muy grande. Somos gente humilde. No tenemos dinero para buscar otra casa. Quieren ayudar pero no pueden. Me dicen que si tuvieran dinero tiraban esta casa y me compraban otra, pero no pueden… somos gente trabajadora”.
Y vuelve a 2008. “Todo el mundo te lo puede confirmar. Te decían hazte la casa, paga la multa y termínala… y claro, votas al que encima te da la luz y el agua. Esa permisibilidad existía y existe. En los mítines decían que si entraba otra partido ya no se podría construir. Ahora son siete mil las viviendas. Desde la mía se han construido unas tres mil. Una gran parte están vacías en invierno. Aquí, por ejemplo, fuera de temporada no pasan ni coches. Ahora en verano es una feria. Son muchos los turistas que alquilan y eso genera mucho dinero, gran parte en negro. Insisto, ganan los especuladores”.
“Estoy dispuesto a todo”
Mirando al futuro, “o me sale bien, o me arruino. Esa es mi perspectiva. Llevo años bajo una enorme presión. Desesperado. En una lenta agonía. Sin poder planificar el mañana. Pero estoy dispuesto a todo. Incluso a denunciar al Ayuntamiento aunque no sirva de nada. Ellos se dedican a dividir diciendo que al que le toca, le toca. No pierdo la esperanza, tiene que haber una solución. Sería increíblemente injusto que acabara en prisión. Sería injusto que me tiren la casa, lo que me obligaría a vender la parcela. Sería injusto que en unos meses o un año sea urbanizable y al final hagan viviendas aquí, que seguramente serán para alquilarlas”.
Juan Jesús no se resigna. Vive rodeado de cientos, de miles de casas ilegales. Muchas en manos de unos pocos que especulan con ellas. Hay colegios ‘ilegales’ “en la Florida, en Roche, en las parcelas… el de Barrio Nuevo se cae a pedazos y ahora tienen que modificar el PGOU para poder reformarlo”.
“Se ha hecho la vista gorda y ahora no quieren que esto salga a la luz. No quieren que se mueva nada. Creo sinceramente que el Ayuntamiento quiere ayudar pero sin remover mucho el asunto para que no se investigue todo lo que aquí se ha hecho”. Nos damos la mano. En el salón de la casa aparece su mujer. Izan juega en el suelo ajeno a todo. Juan Jesús le mira y se le encharca la mirada… “somos una familia trabajadora que lucha por dar la mejor calidad posible a sus hijos, pero me condenan, nos condenan, a malvivir”.
Dejamos atrás su casa con dos reflexiones bajo el brazo. La primera, ojalá este texto sirva para que se reflexione sobre la injusticia que se está cometiendo. La segunda es una pregunta: que Juan Jesús entre en prisión y que le derriben su única casa, arruinándolo de por vida, ¿de qué sirve? Hablamos de siete mil viviendas irregulares en Conil, cincuenta mil en la provincia, más de trescientas mil en Andalucía… ¿Se pueden construir todas esas viviendas sin intuir que las administraciones han mirado hacia otro lado, e incluso las incentivara?
Destrozar la vida a un currante que se equivocó al dejarse llevar por lo que hacía la mayoría, alentado por la permisibilidad del propio Ayuntamiento (incapaz por falta de medios o por la razón que sea de controlar el caos urbanístico en su término municipal), es solo una enorme, un brutal acto de injusticia.
Culpar a Juan Jesús es ignorar la verdadera historia que esconde su drama. La historia que resume años y años de caos urbanístico. La historia de una permisividad consciente y rentable. Una historia que acabarán, por ahora, pagando solo unos pocos mientras que “otros se irán de rositas”.
