El Ayuntamiento de San Roque se ha visto obligado a hacer frente a una multa de 2.415 euros por la tala de más de una veintena de eucaliptos en la ribera del río Guadiaro, así como los recargos de la misma, según ha dado a conocer el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, en un comunicado.

“Entre los decretos que nos han dado cuenta en el último pleno, aparece una sanción por haber realizado una cota y terciado de más de 20 pies de eucaliptos, en el margen del río Guadiaro”, señala.

La actuación, añade Mayoral, “no sabemos la fecha exacta del año 2019, ni el lugar concreto de la margen del río Guadiaro donde se realiza la actuación del ayuntamiento   sin ningún tipo de   autorización de la Junta de Andalucía, pero han sancionado al ayuntamiento con una multa de 2.300 euros, que además lleva un recargo de demora de 115 euros, otra sanción añadida en este caso tributaria por no pagar en el tiempo establecido”.

Mayoral indica que, “el Ayuntamiento, como debe ser, exige a todos los ciudadanos la solicitud de cualquier tipo de tala, que pretendan realizar en el entorno urbano, que es de su competencia   y de no hacerlo les abre un expediente sancionador y les multa en su caso dependiendo del daño causado”.

“Lo mismo ocurre, cuando ocurre en espacios naturales que son competencia de la Junta de Andalucía, pero en esta ocasión el sancionado ha sido el Ayuntamiento por haber realizado una cota y terciado de más de 20 pies de eucaliptos, en la margen del río Guadiaro”, explica.

“Pero con este equipo de gobierno donde no se busca ninguna responsabilidad, no pasa nada, pagan sus irresponsabilidades con el dinero de los ciudadanos”, lamenta.

Esta es, según denuncia, “la ejemplaridad   que da este equipo de gobierno para que los vecinos cumplan con sus obligaciones, siendo el primero en incumplir las suyas por las mismas causas que a ellos los sanciona, con la diferencia, que los vecinos tienen que pagar las sanciones de su bolsillo y las cometidas por los responsables municipales, donde es normalmente un concejal el que las autoriza, se pagan con el dinero de los ciudadanos”.

“Como de costumbre, cuando en el pleno pedimos explicaciones sobre esta multa de la Junta de Andalucía, dieron la callada por respuesta, pero desde el PIVG, no lo dejaremos ahí, solicitaremos por escrito el expediente completo de la multa que al final ha costado pagar la no despreciable cantidad de 2.415 euros con el dinero de los ciudadanos y en su caso, quien ha autorizado la actuación que ha sido motivo de sanción y con otra irresponsabilidad pagando  con intereses de demora  habiendo  liquidez en el ayuntamiento”, sostiene.

“Ya está bien que este equipo de gobierno, derrochador en gastos superfluos, en continua publicidad, vendiendo mucho humo, no se preocupe de los responsables de esta actuación, dé explicaciones y tome medidas  en su caso”, concluye el portavoz del PIVG.