Podemos Algeciras denuncia las “prácticas antidemocráticas” que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad ha tomado ya por costumbre en relación a su obligación de facilitar los expedientes y documentación que sean solicitados por los grupos de la oposición.
La formación hace esta denuncia después de tener conocimiento de que el Ayuntamiento ha ordenado el precinto de una gasolinera del polígono industrial de La Menacha sobre el que Algeciras Sí Se Puede, agrupación auspiciada por Podemos, llevaba ya cinco meses solicitando información sin éxito.
El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, afirma que “se trata de una práctica habitual del equipo de Gobierno. Nos ponen palos en las ruedas para impedir que hagamos nuestro trabajo de fiscalización. Ignoran nuestras peticiones de información y, lo que es más grave, actúan con nocturnidad sobre los temas que presentamos escritos, reaccionando meses después, y sin que en mitad de este proceso tengamos acceso a ninguna documentación pública”.
En el caso de la gasolinera, ASSP presentó un escrito el día 18 de abril solicitando el informe de no afección al dominio público hidráulico, zona de servidumbre, zona de policía y zona inundable, alegando que la posible afección sobre la zona del río Cachón exigía una autorización expresa para el funcionamiento de la estación de servicio en dicha zona.
Desde esta fecha, ASSP no ha cejado en su empeño de obtener esta información pública, ante la sospecha de que la actividad de la gasolinera no estuviera sujeta a legalidad, con numerosas llamadas telefónicas, visitas a las dependencias de Alcaldía y Urbanismo para preguntar a los funcionarios, petición para ver expediente a través de llamadas telefónicas y reiteración en septiembre con un segundo escrito.
En todo este tiempo, la información que ha se ha facilitado por parte del equipo de Gobierno ha sido ninguna, lo que supone “un grave atentado a las normas democráticas de funcionamiento de la institución municipal, un desprecio al trabajo de la oposición y una forma oscurantista y sospechosa de actuar ante los escritos de ASSP”.
La formación recuerda que esta forma de proceder del equipo de Gobierno del PP vulnera de forma flagrante el reglamento municipal, que establece en su artículo 14 que “todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
El reglamento establece, asimismo, que “la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud”.
Alejandro Gallardo insiste en que “este proceder no es aislado, sino que responde a la práctica permanente del equipo de Gobierno del PP ante cualquier solicitud de información”. En este sentido, el edil recuerda que el Ayuntamiento obró de la misma forma ante la solicitud de información sobre la actividad de Transpiedra en una nave del polígono del Cortijo Real.
“Meses después de la solicitud de información, y sin que hubiéramos aún recibido ningún expediente, vimos cómo Transpiedra se trasladaba a otra nave del polígono. Fue entonces cuando la delegada de Medio Ambiente respondió a nuestro escrito. Parece evidente que el equipo de Gobierno de Landaluce actúa con nocturnidad y de forma sospechosa cada vez que Podemos pide información sobre presuntas irregularidades”, señala.
Por estos hechos, la formación morada está valorando emprender acciones legales contra la delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, y contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, por no responder a los informes solicitados para proteger el dominio público hidráulico.
En este sentido, Podemos advierte de que ya se ha solicitado la misma información sobre los movimientos de tierra que Grupo Alonso está realizando sobre el mismo arroyo, que podría afectar a zona de inundables, de policía y de servidumbre del arroyo Cachón.
