Ciudadanos (Cs) opina que el Gobierno debió "apurar un poco más los plazos" para llevar a la convalidación en el Congreso del real decreto-ley de reforma de la estiba, después de la propuesta presentada ayer por el Ministerio de Fomento a los estibadores que podría ser la base de un futuro acuerdo.
Según el diputado de Cs Fernando Navarro, el documento presentado ayer garantiza el mantenimiento del empleo y, además, supone la presencia del Gobierno en la mesa de la negociación colectiva entre estibadores y empresas, por lo que se va por el buen camino, pero se necesita más tiempo para acercar posturas.
Ante estos avances, Cs cree que tenía sentido aplazar una semana más el debate y la votación del real decreto-ley de reforma de la estiba, y hace hincapié en el esfuerzo que están haciendo los estibadores cediendo en algunas cosas y las empresas, en otras, en su intento de alcanzar un acuerdo.
En su opinión, aunque hay que cumplir con la sentencia europea, y no sólo por la multa que conlleva sino porque España está en Europa y hay que hacer reformas a las que obligan los tratados, se deben garantizar los puestos de trabajo de los estibadores.
"No es una mina que desaparece, sino que es un sector que necesitará más puestos de trabajo en el futuro", dada las perspectivas de crecimiento que tienen los tráficos portuarios.
Ha matizado que Ciudadanos es "parte de la solución, pero no somos decisivos", pero como es posible llegar a un acuerdo con más margen para la negociación, su grupo se abstendrá en la votación de la convalidación del decreto de hoy.
En este sentido, ha pedido que se apuren hasta el final las posibilidades de alcanzar un acuerdo, y ha apelado a la madurez y la responsabilidad de las partes.
Navarro ha recordado que la Comisión Europea ya alertó a España en 2011, tras la aprobación de la ley de Puertos, de que hay una ley que vulnera el tratado de la UE, que los sucesivos gobiernos han dejado pudrir, ha lamentado.
Desde entonces se ha empezado el juego "de marear la perdiz" e, incluso tras la sentencia condenatoria a España de diciembre de 2014, el Gobierno continuó tomándose con tranquilidad la reforma del modelo de la estiba, a la que obligaba la CE.
