El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha dado un paso importante este curso escolar con la inclusión como beneficiarios de las ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo del alumnado (NEAE) con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) aunque no haya sido diagnosticado con discapacidad. Pero ha vuelto a desatender la demanda histórica de la Federación Española de Dislexia (Fedis), quedando excluido el colectivo una vez más.
Su secretario general, Iñaki Muñoz, admite que guardaba esperanzas de que las negociaciones con el Ejecutivo fructificaran. La colaboración mantenida entre las asociaciones y las ministras María Jesús San Segundo y Mercedes Cabrera permitieron que, “por primera vez en nuestro país, el alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje (DEA), vieran reconocidos sus derechos en forma de estar presentes en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de Educación”.
La actual titular, Isabel Celaá, se comprometió en reunión mantenida con representantes de Fedis “a que subsanaría este tema, con el fin de no agravar más la situación” y el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 10 de mayo de 2018 una moción para que el colectivo optara a las ayudas a partir del curso 2019, que “así se recoge en la Disposición Adicional centésima quincuagésima cuarta de los Presupuestos Generales del Estado” aprobados en la Cámara Baja con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda y vigentes aún hoy.
Además, recuerda, “el Ministerio ha anunciado para este año un aumento del 22% del presupuesto disponible para las familias”. A mediados de junio, Muñoz remitió una carta al secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, insistiéndole en que tuviera en cuenta al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje en su totalidad para ser beneficiario de dichas becas. En abril, todas las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV, hicieron suya esta reivindicación en el marco de la Comisión Nacional de Dislexia.
El secretario general de Fedis incluso planteó en vano al Ministerio en su misiva que, “en el caso de que no se pueda tener en cuenta al alumnado con DEA en su totalidad, se tenga a bien conceder las becas al alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje que con motivo del estado de alarma ha dejado de recibir el tratamiento oportuno”.
De acuerdo a la convocatoria para 2020-2021, los beneficiarios cuentan, concretamente, con hasta 913 euros para “la reeducación pedagógica que se destinarán a la financiación de una intervención profesional dirigida a la mejora y optimización de alguno o varios de los componentes del lenguaje”.
Muñoz subraya que, en el mejor de los casos, la beca apenas cubre el 20% del coste anual del tratamiento que requieren, pero es justo que puedan contar con ese alivio.
Porque, con todo, no es el primer problema al que se enfrenta el colectivo. Lucía Alcántara, presidenta de la Asociación Dislexia de Cádiz (Adica), plantea que “resulta prioritario la detección temprana” de esta dificultad específica del aprendizaje.
“Actualmente se calcula que solo está diagnosticado el 1,5% del total de disléxicos”, advierte. El resto se enfrenta a las consecuencias de una “deficiencia no visible” que provoca tal frustración que lleva en ocasiones a que los niños padezcan eccemas, se les caiga el pelo y vivan, en definitiva, con angustia su paso por la escuela. De hecho, subraya, la dislexia está detrás del 40% del fracaso escolar.
La asociación que representa Alcántara, con 180 familias en la provincia, colabora con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz (UCA) en la sensibilización y formación de la familia y el profesorado, al tiempo que mantiene una actividad reivindicativa para adaptar la metodología docente.
“Si el niño no aprende de la forma en la que enseñas, enséñale de la manera que él aprenda”. La cita, del doctor Harry Chasty, es lo primero que se puede leer en la web de Adica. La presidenta insiste en que “aprender no puede doler”. “La dislexia dificulta la capacidad para organizar el tiempo y reduce la memoria a corto plazo”, apunta. De manera que todos los deberes que no hacen en clase, los tienen para casa. Y los que traen a casa, les obliga a dedicarles más horas. “Son demasiadas tareas. No hay opción para que hagan actividades extraescolares”, lamenta. Para corregir esta discriminación, plantea examinar oralmente o la presentación de trabajos, y recuerda que, en cuanto a la expresión escrita, las recurrentes faltas de ortografía no pueden restar nota en los exámenes.
Desde 2016, en Andalucía, algunas de estas recomendaciones se han tenido en cuenta para las pruebas de acceso a la Universidad. Los alumnos con dislexia disponen de folios A3, y los textos están impresos en cuerpo de letra e interlineado mayor para evitar las dificultades de lectura. Además, disponen de media hora más para completar el examen, hasta un total de dos horas.
“Estos estudiantes no tienen problemas de inteligencia, sino de acceso a los contenidos”, aclara. “Solo necesitan más tutorización”, agrega. La enseñanza online ha pasado factura. “Hay que tener en cuenta que existe una carga genética del 65-70%, de manera que no es infrecuente que el niño disléxico conviva con padre o madre disléxico”. La dificultad es en este caso doble durante el confinamiento y la desescalada.
“Hemos perdido atención educativa de apoyo”, se lamenta. Por lo que insiste en la necesidad de visibilizar el problema. El próximo 8 de octubre, el colectivo se reivindica en todo el mundo. Al menos en Cádiz, se iluminará Puerta de Tierra y en Jerez, harán lo propio con las principales fuentes de la ciudad para recordar que aún hay un trecho muy largo que recorrer para la plena inclusión.
