La Asociación Pro Derechos Humanos, "ante la acuciante ola de calor que está sufriendo Andalucía en estos días en los que se están batiendo los récords históricos en algunas provincias, alcanzando temperaturas de hasta 47 grados", denuncia que "las personas presas no cuentan con los más mínimos sistemas de refrigeración". Por ello, pide a los Defensores del Pueblo estatal y andaluz y a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que soliciten a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias su instalación.
La organización recuerda que el porcentaje de personas afectadas por alguna enfermedad grave se
multiplica entre las personas privadas de libertad, según la Sociedad Andaluza de Enfermedades
Infecciosas.
"Los problemas de salud que padecen estas personas pueden verse agravados por la incidencia de las altas temperaturas", según este colectivo para el cual es “inconcebible” que en los meses de calor, con las temperaturas máximas de Europa, "los centros penitenciarios no dispongan, al menos en las zonas comunes, de sistemas de refrigeración que puedan mitigar el calor".
Asimismo, la asociación lamenta que tampoco cuenten con climatización "las zonas de vis a vis y de comunicaciones con familiares –entre los que se encuentran personas de avanzada edad y niños pequeños-, y que por el contrario, sí dispongan de ella las zonas de comunicaciones con los abogados o zonas de trabajo de los funcionarios".
"Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía, apuntan, han venido considerando más prioritaria la atención al calor que al frío, algunas fiscalías hace años que solicitaron la instalación de sistemas de aire acondicionado en las celdas debido a las altas temperaturas que se registran en verano y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo recomendó en 2013 la instalación de sistemas de refrigeración en algunas prisiones andaluzas", indica.
La APDHA entiende que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “debe garantizar unos
mínimos vitales a la población reclusa y a sus familiares”, pues "han cumplir con su deber de
mantener estos recintos públicos debidamente acondicionados para ser usados en unas condiciones
mínimas de habitabilidad".
Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía "es preciso no olvidar que las personas
privadas de libertad no pueden ser sometidas a más restricciones y situaciones inhumanas e
insoportables que las que de por sí les imponen sus respectivas penas privativas de libertad".
