Los 17 concejales que el Partido Popular tenía en la pasada legislatura (2011-2015) han firmado la querella criminal que se formalizaba ayer mediante el procedimiento reglado y al amparo de los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra el actual alcalde,  José María González Santos, el edil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el asesor José Vicente Barcia Magaz, por delitos de “calumnias e injurias”. 

Tras fracasar el acto de conciliación previo a la formalización de la querella, los populares han decidido presentarla ante el juzgado de instrucción. Tiene un cuerpo de 35 folios donde se acreditan, según informa el PP, “los delitos de calumnias e injurias cometidos por los tres querellados al manifestar públicamente que ‘contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días’”.  A todas vistas es una “acusación por un delito contra la salud pública”.

La querella adjunta más  80 archivos para corroborar las declaraciones públicas de estas tres personas. Dichas declaraciones se realizaron en el seno de una reunión convocada por el equipo de Gobierno con los vecinos de Loreto para presentarles las conclusiones del informe realizado por Aguas de Cádiz en relación con el corte del suministro de agua vivido en el barrio en octubre de 2014.

Los populares indican en su argumentación que el asesor del alcalde no dudó en “coger el micrófono y señalar directa y públicamente a Teófila Martínez e Ignacio Romaní”.  Asimismo, se indica que al día siguiente González Bauza repetía dichas acusaciones en la puerta de la Audiencia provincial, cuando fue a entregar el informe de Aguas de Cádiz ante la Fiscalía. 

Recuerdan que dicho informe era considerado como “provisional”, a expensas de la audiencia que se acordó dar a los antiguos técnicos de la empresa municipal, que son los que participaron en el dispositivo durante ese episodio en Loreto.  Estas declaraciones tuvieron repercusión tanto en medios de carácter local como nacional.  

Conclusiones

Según la querella, “todo hace pensar que era una acusación premeditada y orquestada por los querellados para hacer el mayor daño posible, así como eliminar políticamente al adversario con infamias, deshonra, humillación y mentira...” El documento incluye que se “dinamita el derecho al honor de los querellantes y se destacan los daños morales causados por las injurias”, que han puesto “en duda el buen nombre y la honorabilidad como personas públicas”.  Todo, concluyen,  por constituir una “intensa y abusiva campaña de desprestigio”.

Valoración política

El portavoz de Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha manifestado tras la presentación de la citada querella que la misma “tiene un solo objetivo, y es que no quede impune un delito que alguien que ostenta el cargo de alcalde ni puede ni debe cometer. Si González Santos, su teniente de alcalde o su asesor piensan que es posible acusar a alguien –sea político o no- de suministrar agua contaminada a sabiendas a 13 mil personas y quedarse tan tranquilo es que tienen un concepto muy extraño de la justicia y la honestidad”.

Romaní ha concluido indicando que “ya dijimos que actuaríamos con toda tranquilidad pero con contundencia. Lo advertimos la misma semana que conocimos esta grave acusación y lo reitero hoy; es lo más miserable que he visto en la vida pública en toda mi vida, y por supuesto no vamos a permitirlo. Tenía que haber dimitido en marzo por la gravedad de su delito, tras destituir a su asesor y al teniente de alcalde, pero si no es capaz de entender la seriedad de este asunto esperamos que la justicia le abra los ojos”.