Incredulidad, sorpresa y tristeza fueron las reacciones más comunes ayer en Cádiz tras conocerse la detención del secretario general de la UGT en la provincia, Salvador Mera, dentro del marco de la segunda fase de la Operación Heracles que dirige la jueza Mercedes Alaya en su investigación de los ERE fraudulentos.

Incredulidad en el edificio de los sindicatos de Cádiz, donde nadie quiso opinar al respecto y sorpresa entre las reacciones de los partidos políticos, entre ellos el Partido Popular de Cádiz. Por su parte, fuentes de la UGT señalaron que la sensación reinante en Cádiz es de “tristeza”. Este mismo sindicato ha defendido el trabajo y la gestión “adecuada y correcta” de Mera en su cargo en Cádiz.

La detención se produjo en su despacho del edificio de los sindicatos de Cádiz sobre las nueve y media de la mañana de este martes, donde se personaron dos agentes de la Guardia Civil, vestidos de paisano, quienes tras identificarse le pidieron a Mera que les acompañara para tomarle declaración, siendo trasladado hasta la Comandancia. Salvador Mera estaba a punto de comenzar su labor diaria. Su asesoramiento jurídico está siendo llevado a cabo por la propia UGT-Andalucía.

En este sentido, al menos nueve personas fueron detenidas en esta segunda fase de la operación Heracles relacionada con el fraude en los ERE subvencionados por la Junta andaluza, operación que se desarrolla en ocho provincias españolas, entre ellas Cádiz, donde miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también han realizado varios registros de viviendas y despachos. Entre estas nueve personas detenidas se encontraba Salvador Mera, secretario general de la UGT en Cádiz.

Su detención podría estar relacionada no con su labor al frente del sindicato, sino a su pasada vinculación con Temiqui S.A. Mera, entre los años 2002 y 2011 estuvo en el Consejo de Administración de esta empresa, relacionada con UGT y con sede en Madrid, que actuó presuntamente como intermediaria y también presuntamente, recibió comisiones millonarias.

Aquí hay que matizar que Salvador Mera ya dijo en su día que sí participó en ese consejo de administración, pero insistió en que él no tenía poder de decisión en el funcionamiento de la empresa, ejerciendo simplemente como vocal una vez al año.

Cabe reseñar que la Guardia Civil ha informado a través de un comunicado que los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.

Como ya se ha mencionado, UGT-Andalucía está prestando asistencia jurídica al secretario provincial de UGT de Cádiz, Salvador Mera. El secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel, ha indicado a Europa Press que en el momento de su detención, Salvador Mera “se incorporaba a su puesto de trabajo”, hasta que dos guardias civiles vestidos de paisano pero que se identificaron como tales le trasladaron a la Comandancia “donde estuvo prestando declaración”.

Ginel ha indicado que el sindicato ha puesto a disposición de Mera el gabinete jurídico “para saber de qué se le acusa” y ha apuntado que por el momento no se va a tomar decisiones sobre Mera, toda vez que “habrá que tener conocimiento de qué se le acusa”.  “Defendemos la gestión de cualquier compañero y en este caso concreto hasta ahora no ha sido acusado de nada”, agrega Ginel, quien asegura que el trabajo de Mera “es adecuado y correcto”, por lo que espera que esta situación “se solvente en las próximas horas.

Reacciones

UGT-A está prestando asistencia jurídica al secretario provincial de UGT de Cádiz, Salvador Mera, tras haber sido detenido este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, tras lo que el sindicato ha defendido el trabajo y la gestión "adecuada y correcta" de Mera en el sindicato.

Según han detallado a Europa Press tanto el secretario de Comunicación de UGT-A, José Ginel, como el secretario provincial de Organización de UGT de Cádiz, Antonio López, en torno a las 9,30 horas tenían conocimiento de que dos agentes de la UCO se personaban en el despacho de Mera, situado del edificio de sindicatos de la capital gaditana, "y le han pedido que les acompañara con el fin de tomarle declaración y de hacer algunas diligencias.

Ginel ha indicado que en ese momento Mera "se incorporaba a su puesto de trabajo", tras lo que esos dos guardias civiles vestidos de paisano pero que se identificaron como tales le han trasladado a la Comandancia "donde sigue prestando declaración".

El portavoz sindical regional ha indicado que el sindicato ha puesto a disposición de Mera el gabinete jurídico "para saber de qué se le acusa" y ha apuntado que por el momento no se va a tomar decisiones sobre Mera, toda vez que "habrá que tener conocimiento de qué se le acusa".

"Defendemos la gestión de cualquier compañero y en este caso concreto hasta ahora no ha sido acusado de nada", agrega Ginel, quien asegura que el trabajo de Mera "es adecuado y correcto", por lo que espera que esta situación "se solvente en las próximas horas".

El portavoz de UGT-A ha recordado que está personado como acusación popular en el caso de los ERE, y ha asegurado que el sindicato regional está "tranquilo con la dinámica de trabajo", tras lo que deja claro que "nadie se ha personado ni se ha dirigido a la sede de UGT-A".

El sindicato ha mostrado su "respeto absoluto" a las decisiones de la juez Alaya y se ha mostrado "dispuesto a colaborar con la Justicia en todo aquello que sea necesario".

Por su parte, el secretario provincial de Organización de UGT de Cádiz, Antonio López, ha apuntado que no se ha podido hablar aún con el compañero, "pero nos consta que desde UGT Andalucía está teniendo la asistencia jurídica correspondiente", asegura López, que supone que ha sido trasladado a la capital hispalense para prestar declaración aunque esto último "entra dentro del ámbito de la suposición y no de la confirmación".

"Estamos preocupados porque es un compañero y no es plato de buen gusto ni es agradable para nadie", señala López, que recalca que la organización ve este asunto "con mucha preocupación" porque, además, se unen "a los muchos temas que hay que resolver en la provincia y en los que tenemos que estar presentes como el desempleo, el aumento de la pobreza, o el estado de bienestar, que hace aguas".

El secretario provincial de UGT-Cádiz, Salvador Mera, se encuentra entre los detenidos en la segunda fase de la denominada operación 'Heracles' que desarrollan desde primera hora de este martes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

Salvador Mera fue reelegido el pasado mes de junio como secretario general del sindicato UGT en Cádiz con el respaldo del 59 por ciento de los votos, cargo que ostenta desde noviembre de 2010.

Por su parte, la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT ha criticado los "intentos de instrumentalizar la investigación judicial contra el movimiento sindical", al tiempo que ha defendido el trabajo realizado por el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, detenido este martes en el marco de la operación 'Heracles' en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya.

En un comunicado, Fitag UGT ha manifestado que la actuación sindical de Mera "se ha basado siempre en la defensa de los trabajadores de los sectores que representa nuestra federación".

Así, desde el "respeto absoluto a la justicia", ha deseado un "rápido esclarecimiento de los hechos", al tiempo que exige "respeto a la labor sindical llevada a cabo por cientos de miles de personas en nuestro país cumpliendo una función constitucional imprescindible".

Finalmente, enfatiza que esas personas desarrollan un trabajo "cuya honradez no puede ponerse en entredicho, a pesar de los intentos de instrumentalizar la investigación judicial contra el movimiento sindical".

Partido Popular

La portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, ha calificado de "sorprendente" la detención del secretario provincial de UGT, Salvador Mera, en la segunda fase de la denominada operación 'Heracles', asegurando que supone "un paso más" de la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) "fraudulentos" que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya. La 'popular' ha reclamado conocer "cual ha sido la participación de los sindicatos CCOO y UGT" en este caso.

En rueda de prensa, Mestre ha señalado que el Partido Popular "respeta la decisión de la justicia" porque, además, creen que "de esta manera se favorecerá que todo se aclare lo antes posible".
"Creemos conveniente que, de una vez por todas, podamos conocer y saber cual ha sido la participación de los sindicatos UGT y CCOO en los ERE fraudulentos", ha insistido Mestre.

"Es sangrante que el dinero que "debía ir destinado a los parados ahora estemos viendo, por capítulos, cada día noticias más esperpénticas de los supuestos agentes implicados que supuestamente han formado parte de la trama y se han beneficiado o han estado en mitad del proceso. Por eso ha llegado el momento de conocer el papel jugado por CCOO y UGT", ha remachado.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha considerado, tras las últimas detenciones enmarcadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que dicho caso "seguirá dándonos sorpresas día a día" y sumando "escándalos cada vez mayores que el anterior".
Así lo ha indicado De Torre a Europa Press al ser preguntado por las detenciones practicadas este martes en la segunda fase de la denominada operación 'Heracles', que incluyen al secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, quien supuestamente habría "favorecido la tramitación y concesión de subvenciones" irregulares, según informa la Guardia Civil.

Entiende De Torre que el 'caso ERE' que tramita la juez Alaya y otros procedimientos abiertos como el 'caso Bahía Competitiva' ponen de manifiesto que hay "una forma de hacer política del PSOE andaluz que lleva mucho tiempo", superándose hasta el momento las 155 personas imputadas.

"El desfile que estamos viendo de representantes políticos y sindicales, así como de trabajadores incluidos en los ERE indebidamente hace pensar que no se trata de una cuestión de cuatro golfos, como se decía, sino que la corrupción es generalizada".

Finalmente, y aunque estima que habrá "más sorpresas" en relación a este caso, entiende que "ha llegado a su fin" esta forma de hacer política de "pensar que los fondos públicos se pueden manejar para fines partidistas o de sindicatos".