La diputada gaditana del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno de España para conocer cuántas viviendas y locales cuenta la Administración General del Estado en los distintos municipios de la provincia, cuántos están vacíos (más de seis meses sin recibir ningún tipo de uso), cuántos pertenecen a la Guardia Civil, al Ejército o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado, así como cuántos pertenecen a la SAREB y, de estas, cuántas formarán parte de los programas de alquiler social.
En la exposición de motivos, Gil de Reboleño esgrime datos del INE para asegurar que las viviendas vacías en la capital ascienden a 10.000, la mayoría, en el casco antiguo, donde la presión turístico “ha exacerbado el problema” de acceso a un piso para residir.
Asimismo, advierte de que que, “mientras gran parte de la ciudadanía busca viviendas asequibles sin éxito, muchas propiedades permanecen desocupadas, debido a su estado de deterioro o a las expectativas de altos rendimientos en el mercado turístico”.
La diputada acusa a la administración autonómica y al Ayuntamiento de este “desajuste entre la oferta y la demanda”, pero también admite que “el Gobierno central tiene una importante responsabilidad, así como algunas soluciones en sus manos”.
En este sentido, apunta que los datos específicos sobre la cifra de inmuebles pertenecientes a las administraciones públicas “son de difícil determinación”. Y señala al “papel fundamental” que de la SAREB, con 42.300 viviendas, 434 en la provincia, donde destacan Sanlúcar (85), Algeciras (76) y La Línea (56); la capital tiene 42.
“La SAREB debería contribuir activamente a resolver” el problema de acceso a la vivienda, ofreciendo los pisos a precios asequibles a familias en situación de vulnerabilidad. Antes, agrega, es clave concretar los inmuebles disponibles de las administraciones públicas.
