El Ayuntamiento de Cádiz ha aceptado la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz en la que se le sugería la regulación de la cita previa, incluyendo la atención presencial sin cita previa en todos los registros y dependencias durante el horario de atención al público.
En la actuación de oficio del Defensor se expone que con la pandemia de la Covid-19 en 2020 fue necesario adoptar "en ese periodo excepcional" determinadas medidas para posibilitar el funcionamiento de la administración, unas disposiciones que "se pensaba que serían transitorias y desaparecerían con la llegada de la denominada nueva normalidad".
Pasado un tiempo algunas de ellas "se resisten a dejarnos" y, en algunos casos, "parecen tener vocación de permanencia aunque ya no existan las razones que las justificaron y generen el rechazo de quienes consideran que perjudican sus derechos".
Es el caso de la cita previa, que en opinión del Defensor del Pueblo Andaluz se ha convertido en "santo y seña imprescindible" para superar las barreras que impide a la ciudadanía a acceder presencialmente a una administración pública, ya sea para realizar una gestión, presentar una documentación o, simplemente, pedir información o ayuda.
En ese sentido, se recuerda que la cita previa no nació por la pandemia, pero fue ésta y sus "especiales circunstancias" la que determinó "la eclosión y extensión" de la misma como forma preferente de atención ciudadana, pasando a convertirse en "obligación legal" tras su inclusión en las diversas normas que trataban de regular el tránsito "hacia la ansiada nueva normalidad".
Para el Defensor del Pueblo Andaluz la cita previa, entendida como una opción o una modalidad para el acceso de las personas a la Administración, es "un gran avance que beneficia tanto al administrado como a la administración", por lo que no se oponen a esta modalidad. No obstante, se advierte, cuando esta medida "deja de ser una opción" para el ciudadano y se convierte en "un requisito obligatorio y necesario" para poder acceder a la administración sin alternativa posible, entonces "lo que era una magnífica innovación pasa a convertirse en una imposición injusta e injustificada".
Además, "la obligatoriedad de la cita previa cuando la misma no se gestiona adecuadamente puede convertirse en un obstáculo insalvable para algunos administrados e incluso privarles de su derecho de acceso a la administración pública".
Es por eso que esta institución recomendó que la cita previa como forma de gestión administrativa fuera objeto de una regulación, siendo "el medio preferente" para el acceso a las dependencias públicas y para recibir atención y auxilio de los empleados públicos, y garantizando además la posibilidad de atender presencialmente sin cita previa en todos los registros y dependencias durante el horario de atención al público.
Tras trasladar esta actuación y resolución al Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, esta administración le ha trasladado a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que acepta la sugerencia formulada y dará traslado de la misma a las dependencias municipales, para proceder a regularla como medio preferente de acceso de la ciudadanía.
