El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre el acuerdo por el que se tomó razón de la declaración de emergencia y de su ampliación para las obras de sustitución de vigas en el vano 30 del puente José León de Carranza, subsanando la situación de grave peligro existente.
Las primeras informaciones respecto al alcance de estos trabajos fueron publicadas dos meses y medios después, el 19 de febrero. Entonces, fuentes de la Subdelegación del Gobierno admitieron que desconocían el inicio de las actuaciones y su duración, aunque avanzaron que obligarían a interrumpir el tráfico “varios días”.
El PP aprovechó la falta de concreción al respecto para presentar una moción en el Pleno reclamando al Gobierno coordinación con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para evitar el colapso de tráfico por las obras. En su intervención, el 29 de febrero, el coordinador del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Cossi, reconoció haber mantenido contactos con Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, pero lamentó “que no sabemos nada”, salvo que los trabajos tendrían una duración de cuatro meses.
Y este lunes, se filtró un oficio suscrito por el ingeniero jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, José María Padilla, el 1 de marzo que, efectivamente, indica ese plazo.
Sin embargo, el martes por la mañana, la Subdelegación del Gobierno ni confirmaba ni desmentía este extremo alegando que ignoraban todavía los detalles del proyecto.
Solo unas horas después, la misma Subdelegación del Gobierno distribuyó una nota de prensa con membrete del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dando cumplida información sobre presupuesto, plazos y actuaciones previstas, así como alternativas para el tráfico.
En la mañana de hoy, ni la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, ni el alcalde de Cádiz, Bruno García, accedieron a valorar la noticia y a desgranar detalles del plan de tráfico dispuesto para el transporte interurbano y local porque estaban pendientes de reunirse a mediodía. Por la tarde, el Ayuntamiento publicó un comunicado que no aportaba novedad alguna dado que, ya en el Pleno, Cossi puso sobre la mesa la posibilidad de que los autobuses circularan por el Puente de la Constitución de 1812, utilizando para ello la plataforma tranviaria y ampliando la vía, por tanto, de cuatro a seis carriles, y que se analizará la rotonda de acceso para realizar adaptaciones o cambios. En cualquier caso, todo queda pendiente de un encuentro que incluirá a la Demarcación de Carreteras. Sorprende que no se haga referencia a si habrá refuerzos del Trambahía y catamarán o si se solicitará refuerzo en Cercanías a Adif.
La conclusión a todo este relato de hechos es que la descoordinación entre administraciones es total a solo una semana y media del corte del Puente José León de Carranza.
Los representantes institucionales han optado, asimismo, por el mutismo ante una obra de calado que tendrá repercusiones que trascienden la movilidad: ni declaraciones ni comparecencias ni respuesta a las preguntas de interés para la opinión pública.
No es preciso ser experto en comunicación corporativa o política para concluir que ningún representante público quiere exponerse ante unos trabajos en el puente que generará problemas en el conjunto de la ciudad y particulares a miles de gaditanos, e incluso que puede tener repercusión negativa en el turismo, como ha advertido Horeca.
No es la primera vez, además, que Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno muestran disposición a colaborar, como cuando plantearon tras el lamentable atropello de cuatro personas, que fallecieron, por un autobús en la Avenida de Las Cortes que revisarían la seguridad para luego ponerse de perfil.
La inquietante pregunta que surge es que, si las administraciones y sus representantes públicos no son capaces de ponerse de acuerdo para minimizar el impacto de unas obras programadas en una infraestructura, qué no pasará en caso de desastre natural o cualquier otro desgraciado suceso imprevisible.
