El proyecto de Ley de igualdad de trato y no discriminación, que el Gobierno tiene previsto presentar antes de agosto, contemplará la creación de una fiscalía específica para luchar contra la discriminación.

Así lo aseguró ayer el secretario federal de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, durante la presentación del informe Por la diversidad, contra la discriminación, elaborado por la Fundación Ideas, que preside el ex ministro socialista Jesús Caldera.

La nueva ley será una realidad esta legislatura, situará a España como el primer país de la Unión Europea que transpone todas las directivas comunitarias en materia de discriminación (recogidas en el artículo 21 del Tratado de Lisboa) y tendrá un “claro enfoque de género”, según explicó Zerolo.

El secretario federal ha subrayado que la futura ley “no es para las minorías, sino para la inmensa mayoría, ya que cualquiera puede verse en una situación de discriminación en algún momento de su vida”.

Además de la fiscalía, Zerolo ha explicado que la ley se va a dotar de otra “herramienta fundamental”, el Consejo para la igualdad de trato, un órgano “independiente y autónomo” que no sólo amparará a las víctimas de discriminación, sino que también “establecerá las indicaciones oportunas para que nuestro país vaya impidiendo cualquier brote de nuevas discriminaciones”.

Precisamente el informe de la Fundación Ideas pide la incorporación a la legislación española de nuevas causas de discriminación como la apariencia física (por ejemplo, la obesidad) o padecer determinadas enfermedades como el sida, según dijo Caldera.

Estas formas de discriminación se sumarían a los “seis rasgos sospechosos” –etnia/raza, religión-convicciones, edad, discapacidad y orientación/identidad sexual– protegidos en el futuro derecho antidiscriminatorio de la UE.