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Arcos

UGT carga las tintas contra el alcalde y el asesor de Personal

El sindicato denuncia los presuntos “impedimentos” del equipo de Gobierno hacia las funciones laborales de sus representantes

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  • Isidoro Gambín y María José González Peña. -

Desde la Federación de Empleadas y Empleados Públicos de la UGT de Cádiz han denunciado la situación que presuntamente están sufriendo los representantes del sindicato y su sección sindical en el Ayuntamiento de Arcos por parte del equipo de Gobierno. El sindicato carga las tintas contra el alcalde de la ciudad, el socialista Isidoro Gambín, y el asesor de la Delegación de Personal.
UGT considera que se producen “continuos impedimentos desde la Alcaldía para dinamitar las labores cotidianas”. Cita como ejemplo que “se da de lado y se ignoran a colectivos de mayor prioridad a pesar de tratarse de trabajadores cuyos convenios son los de mayor antigüedad y se les da trato de favor a los colectivos afines con la labor del asesor”. Igualmente, sostiene que “se cargan de un plumazo las labores de las personas compañeros de UGT y se degradan en categoría por venganza de este asesor”. “Los servicios de guardia del alumbrado público se suprimen y se contrata a una persona y las horas extras se las pagan a cambio de contratos. A los compañeros de Festejos le quitan los montajes y se les dan a empresas privadas que salen hasta el triple de lo que cuesta comparado con el servicio público. Unilateralmente, anulan las comisiones de servicio y ejecutan el nombramiento de un asesor vía decreto. Tras seis meses de anulación de las comisiones de servicio, se hacen adscripciones temporales salvo para él mismo, dado que continúa como asesor, pero con el sueldo de subinspector de Policía. Poner todas las trabas en la resolución de acuerdos laborales, contando con el beneplácito del alcalde. Sistemáticamente está impidiendo la representación democrática de nuestros representantes y el acoso diario al que están siendo sometidos los mismos, hacen de ello una situación insostenible”.

Desde UGT advierten que tal actuación del equipo de Gobierno y del asesor de Personal “no limitará reivindicar nuestros derechos de amparo legal ante la autoridad laboral”, de ahí que eleve esta situación a los juzgados.

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