Se ha despejado el problema político más complejo de dimensión mundial: el fin del mandato de Donald Trump y el inicio de la legislatura de Joe Biden. Tras el insólito asalto al Capitolio -sede de la Cámara de Representantes y del Senado- la imagen de los EE.UU. se ha deteriorado infinitamente en el mundo entero. Parece mentira, desde el punto de vista histórico-político, que esos hechos hayan ocurrido en Estados Unidos, que se ha presentado siempre como baluarte de la democracia y no ha sabido o podido -seguramente por una conspiración interna - defender a su institución más señera, además de la presidencia. No hay que olvidar que, como Trump no ha reconocido su derrota y sigue insistiendo en el fraude electoral, no hay ningún capitulo cerrado definitivamente porque querrá volver a presentarse. El juicio que tiene ya planteado ante el Senado dará la pauta de la posible conducta futura del viejo gran partido - así le llaman al Partido Republicano - y del grado de unión o reconciliación que se pueda dar en el país, eje del programa del presidente entrante.
El panorama produce alivio en la escena mundial, a excepción de algunos regímenes autoritarios con los que el mandatario saliente ha sido más complaciente. Han concluido con más pena que gloria los cuatro años en los que el mundo -incluidos sus más estrechos colaboradores- se enteraban de la alteración de las normas de la política y el comercio y de los ceses y los nombramientos por Twitter.
Del alivio que viene de América se pasa al galimatías que se resume en dos preguntas: ¿Habrá elecciones en Cataluña el 14 de Febrero? ¿Se cambiarán las condiciones del decreto/ley sobre el Estado de Alarma? El primero se resolverá en sede judicial. Inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que es muy difícil jurídicamente aceptar un dejar sin efecto “sine die” las elecciones de una comunidad que tiene ya disuelto el parlamento y que llega a esta convocatoria electoral por el sistema de plazos al llevar dos meses sin investir presidente, no por un decreto voluntario de convocatoria. La pandemia ha sido la excusa. El cortoplacismo independentista ha llevado a este embrollo. La reforma del Estado de Alarma va a depender del consenso en el Consejo territorial de Sanidad y el compromiso del PP para apoyarlo en el Congreso.
