El que fuera consejero de Empleo de la Junta entre 200 y 2004, José Antonio Viera declaró ayer ante el tribunal que enjuicia el caso ERE, que existía una “directriz general” del Consejo de Gobierno presidido por Chaves para agilizar la resolución de los conflictos laborales que se estaban produciendo por las crisis de las empresas y garantizar así la paz social.
Viera aseguró, en cualquier caso, que en todo momento pensó que actuaba dentro de la legalidad. Y explicó que, dados los reparos que ponía la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, pidió a su “equipo” que buscara una alternativa “dentro de la legalidad” que permitiera dar ayudas con “agilidad y eficacia”.
La solución que halló fue que las ayudas se podían conceder, siempre que sus destinatarios no fueran empresas, sino los propios trabajadores afectados.
Viera, que, a diferencia de Guerrero, respondió a las preguntas del fiscal, indicó que el convenio firmado en 2001 entre la Consejería y el IFA era el instrumento para llevar a cabo aquella solución. Viera lo firmó convencido de que “cumplía todos los requisitos legales”, según dijo, aunque admitió que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico.
Según Viera, no despachaba con Guerrero cada ayuda, pero sí admitió haberle trasladado la petición de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, ante su proyecto de crear un matadero y haberle indicado que mirase qué se podía hacer “dentro de las posibilidades de la Consejería”.
De la “agilidad” a la arbitrariedad, un paso
El “equipo” de Viera en la Consejería de Empleo lo conformaban el entonces viceconsejero Antonio Fernández y Javier Guerrero, como director general de Trabajo. El antecesor de Viera, Guillermo Gutiérrez, le dio el relevo en medio de una situación generalizada de “conflictividad laboral”, explicó ayer Viera, con empresas como Santana Motor, los astilleros de Sevilla y Huelva, Boliden-Apirsa o las empresas de la Faja Pirítica de Huelva, entre otras, que atravesaban profundas crisis.
La estrategia de la Junta pasaba por “prejubilaciones anticipadas” para los empleados de las empresas que ya “no tenían solución”, y se optó por ayudas sociolaborales “individuales” para resolver los “dramas personales” de los trabajadores afectados.
Prácticamente nada de lo que dijo es nuevo. De hecho, el Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, detallaba que en los años investigados hubo en Andalucía exactamente 9.461 empresas que presentaron expediente de regulación de empleo (ERE) y 120.829 trabajadores afectados por los mismos. Pero sólo recibieron las ayudas sociolaborales 6.300 trabajadores.
El procedimiento de la Junta para repartir estas ayudas eludiendo los controles lo que permitió fue la arbitrariedad. El propio Viera admitió ayer que intercedió ante el director general de Trabajo siendo consejero y después de serlo, para que se le dieran ayudas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla.
Guerrero dice que no habló nunca de un “fondo de reptiles”
Francisco Javier Guerrero negó ayer ante el tribunal que enjuicia el caso ERE haber hablado nunca de “fondo de reptiles”. Ni siquiera en su declaración ante la Policía en marzo de 2011, que está en el sumario. Tampoco en la entrevista que le dio al Abc en octubre de 2015, en la que afirmó que “la presidenta de la Junta y Griñán sabían cómo funcionaba el fondo de reptiles». Nunca. Según dice.
También habló de los intrusos. Para negar que existieron. “Reunían los mismos requisitos que otros señores que habían salido de una empresa”. Si se incluyeron en los ERE fue por “error administrativo de las aseguradoras”.
