Andalucía acumula 420 causas pendientes por delitos económicos contra la Hacienda Pública por un importe denunciado en los juzgados de 720 millones de euros, una "lacra" sobre la que cada vez existe "más concienciación ciudadana" y que ya genera al año 4.000 denuncias anónimas de particulares y empresas que alertan de posibles situaciones irregulares.
Los cambios normativos impulsados en los últimos años, especialmente la reforma del Código Penal y de la Ley Tributaria, está dotando de más efectividad la lucha contra el fraude fiscal, que combaten de forma conjunta la Agencia Tributaria, la Fiscalía Superior de Andalucía y la Abogacía del Estado.
Para seguir estrechando lazos y ganar eficacia se han celebrado este miércoles unas jornadas de trabajo en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía, en Granada, donde se ha puesto de manifiesto que a partir de este año se cerrarán nuevos acuerdos internacionales para disponer de más fuentes de información en las investigaciones, algo fundamental para una clase de delito que "no entiende de territorios".
A ello se suma que la Agencia Tributaria cuenta con herramientas "cada vez más sofisticadas y potentes" para evitar la ocultación de patrimonio con el objetivo de impedir que se hagan efectivas las condenas impuestas por los juzgados, según ha detallado a los periodistas el delegado especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Andalucía, Jorge Ramírez.
Ha precisado que en los últimos años se ha incrementado la "concienciación ciudadana" y también la eficacia de las procedimientos puestos en marcha, propiciando que el 2017 se haya cerrado con 420 causas pendientes frente a los 600 expedientes de hace dos años.
La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha destacado que en las fiscalías territoriales es fundamental la colaboración con la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado ante la "escasez de medios personales y materiales para poder investigar estos delitos".
Sin ellos, pocas diligencias que se investigan en la Fiscalía prosperarían en tanto que el Ministerio Público se sirve de los medios de estos otros organismos y sin su trabajo previo no podrían conocer la mayor parte de las situaciones irregulares que se producen. A este trabajo hay que añadir 4.000 denuncias anuales que particulares y empresas remiten a los organismos de inspección, donde son analizadas.
