Falta ya poco tiempo para saber si el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Francisco Camps, debe sentarse o no en el banquillo de los acusados, supuestamente por haber aceptado unos trajes que le regalaron desde una trama de corrupción vinculada al PP, donde algunos implicados movieron muchos millones de euros, más allá de hacer buenos regalos. Sobre el papel, a efectos judiciales, están en juego unos trajes y otras prendas que supuestamente pagó la empresa Orange Market, una de las sociedades ligadas a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y ligada a altos cargos del Partido Popular. En la práctica, son muchas más cosas que están en el aire.
La notoriedad política y la innegable proyección de Camps, lejos de ayudarle, han creado el clima idóneo para que un asunto aparentemente menor haya dañado su imagen y la de su partido, sea cual sea el resultado judicial. Él se ha defendido siempre negando la mayor, pero en el PP no todos han hecho eso.
Entre el discurso de defensa del afectado por las acusaciones y las palabras de quienes trataron de echarle una mano -los mal pensados dirán que, en algún caso, al cuello-, hay muchas diferencias, al menos una de ellas de fondo. Mariano Rajoy, por ejemplo, ha dicho que Camps “lleva una pena mayor que los 2.500 euros que se establecen en caso de cohecho impropio”, lo cual puede ser cierto pero introduce un escenario jurídico de riesgo.
El presidente del PP también ha comentado algo que, visto desde fuera, puede compartir mucha otra gente -“me parece absurdo pensar que el presidente de una comunidad se pueda vender por tres trajes”, dijo Rajoy-, pero la mera aceptación de la hipótesis contradice, quizá sin pretenderlo, las sucesivas negativas de Camps, cuando recuerda que él siempre ha pagado sus trajes.
Otros líderes del Partido Popular, también en la línea de un Rajoy abonado al sentido común, le quitaron igualmente hierro al asunto, a veces con prudencia, como en el caso de la número dos, Mª Dolores de Cospedal, y otras pasándose un poco, como le sucedió a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien comparó los trajes con las anchoas que el presidente de Cantabria, M. Á. Revilla, le regala a Rodríguez Zapatero, cada vez que visita la Moncloa.
Lo procedente en casos así es que las decisiones las tomen los jueces y que estos interpreten los principios generales del derecho, que son los que son. Por ahora, el juez sostiene que los regalos no tuvieron contrapartidas, de ahí que se hable de cohecho impropio, pero más allá de la sentencia judicial, para desgracia de Camps quedará la sentencia política.
