El escenario judicial de los antiguos máximos responsables de Abengoa, sus expresidentes Felipe Benjumea y Antonio Fornieles, su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y otras dos exconsejeras, se torna cada vez más sombrío ante el juicio por administración desleal por las indemnizaciones de 11,4 y 4,4 millones recibidas por Benjumea y Sánchez y aprobadas por los otros tres acusados. La Plataforma de Perjudicados por Abengoa ha presentado su escrito de acusación en el que se suma a la solicitud de penas de la fiscalía de la Audiencia Nacional: cinco años de cárcel para el expresidente, cuatro para el consejero delegado, y tres para Fornieles y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde.
Fornieles, Gracia y Velarde eran los miembros de la comisión de retribuciones de Abengoa que autorizaron el pago de esas indemnizaciones en 2015. Y que también autorizaron los nuevos contratos con los que Benjumea y Sánchez siguieron vinculados a la empresa, pese a lo cual cobraron sus indemnizaciones por no competencia. La juez Carmen Lamela ya señaló en su auto de apertura de la fase de juicio oral que ninguno de los dos tenía que haber cobrado cantidad alguna pues no cumplieron las condiciones establecidas en las cláusulas de sus contratos para percibirlas.re de 2015.
Motivos de la caída
Junto a esta petición de penas, el escrito presentado por la plataforma que agrupa a bonistas de Abengoa que invirtieron unos 10 millones de euros incluye peticiones de información muy relevantes para afrontar la fase de juicio oral que comenzará en los próximos meses. La primera se refiere a toda la información de los proyectos que, en agosto de 2015, llevaron a realizar un ajuste de 700 millones en los flujos de caja previstos para el año. Este es el motivo esgrimido por Benjumea y Abengoa para explicar la ampliación de capital de 650 millones lanzada ese mes y qur derivó finalmente en la presentación de preconcurso en noviembre de ese año.
Los querellantes exigen a la empresa que facilite toda la documentación que tenga sobre los citados proyectos de Brasil, Chile y México. También toda la información contable de Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía que explique el deterioro de créditos y participaciones en estas filiales por un valor de 1.200 millones a final de 2015.
Y, en tercer lugar, piden a la juez que exija a Deloitte -la empresa auditora de Abengoa desde 2012- y a Abengoa toda la documentación e intercambio de información sobre el mapa de la deuda de la empresa y sobre la presentación del preconcurso en noviembre de 2015.
Por otro lado, Abengoa ha ampliado de nuevo, hasta el 3 de febrero, el plazo que tenían los acreedores que se han sumado al acuerdo de reestructuración en el periodo adicional de adhesiones para realizar algunos trámites. Ese plazo vencía el 25 de enero y ya se amplió hasta el 30.
