Ciudadanos plantea eliminar el Senado, fortalecer al Estado frente a las comunidades autónomas, acabar con el Concierto vasco y el Convenio navarro y garantizar que el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no dependa de la "discrecionalidad política del Gobierno".
Estas son algunas de las propuestas que figuran en el documento 'Regeneración democrática e institucional' presentado este sábado en Cádiz por el presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera; concretamente, en el apartado dedicado a conseguir una organización territorial del Estado "leal, eficaz y ciudadana".
Tal y como había adelantado la formación naranja, su principal objetivo es cerrar el modelo autonómico y clarificar la distribución de competencias entre los distintos niveles de la Administración Pública, así como establecer una financiación territorial "equitativa, transparente y eficaz" que garantice la igualdad básica de los españoles independientemente de dónde residan.
Estas son las propuestas de Ciudadanos sobre la organización territorial del Estado:
- Enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas para fijar el mapa autonómico de manera definitiva, suprimiendo la disposición transitoria cuarta de la Constitución y eliminando así la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.
- Derogar los preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias para acceder a la autonomía y que ya no son de aplicación (artículos 143, 144, 146, 148, 151 e inciso primero del artículo 152 CE) además de todas las disposiciones transitorias propiamente dichas.
- Elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado del artículo 149 de la Constitución y diferenciar entre las que asume íntegramente --funciones legislativas y ejecutivas-- y las que sólo lo asume en la parte legislativa. En este caso, la ejecución autonómica estará sometida a la vigilancia y control por parte del Estado, por ejemplo a través de la alta inspección.
- Elaborar un listado de competencias compartidas integrado por las materias en las que el Estado cuenta con la función legislativa junto con las comunidades. La Constitución establecerá las reglas de relación para evitar los conflictos sobre la base de la supletoriedad y la prevalencia de la legislación del Estado.
- Excluir la posibilidad de la transferencia o delegación a las comunidades de facultades que forman parte de las competencias que la Constitución atribuye al Estado, lo que supone la supresión del articulo 150.2. Incluir una cláusula residual que atribuya el resto de materias a la competencia de las comunidades autónomas.
- El Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a derechos y deberes.
- Establecer una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado.
- Compromiso a favor de la armonización fiscal de ámbito europeo que elimine excepciones territoriales (el Concierto vasco y el Convenio navarro) y los paraísos fiscales. Mientras tanto, al menos revisar el actual sistema del cupo en el caso de Euskadi y de la aportación en el caso de Navarra para hacer un "cálculo razonable" de la contribución de estas comunidades a la Hacienda estatal y así evitar una menor contribución a la solidaridad colectiva.
- Fijar el Fondo de Cohesión Social y Territorial como pieza central con la que conseguir la garantía de la igualdad básica de los ciudadanos, en relación con los servicios esenciales enumerados en la carta que se elaboraría. Eliminación de los demás fondos existentes actualmente.
- Las comunidades que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, sufragarlos mediante el incremento de las cargas tributarias sobre los ciudadanos.
- Cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por todos y en los términos que establece, evitando que quede en manos de la "discrecionalidad política del Gobierno".
- Suprimir el Senado, por su "incapacidad" para articular la representación territorial en la gestión de los asuntos del Estado.
- Crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (distinto de la actual Conferencia de Presidentes) que se coordinaría con el Estado en el ámbito legislativo. Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de cada comunidad, y se encargarán de aprobar, en segunda lectura y con el voto mayoritario de sus miembros, las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado. En caso de discrepancia con el Congreso de los Diputados, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común.
- Eliminar las diputaciones provinciales y, vinculada a esta medida, fusionar ayuntamientos para racionalizar la Administración local, mejorar la prestación de los servicios públicos y renovar la calidad de la democracia. El Estado deberá fijar los índices de sostenibilidad mínimos para la subsistencia de un municipio y, si no se cumplen, deberá procederse a la fusión municipal. A tal fin, se modificará el artículo 140 de la Constitución para consignar tanto el criterio de la sostenibilidad como la habilitación al Estado de la competencia para regular la fusión de los municipios en caso de incumplir tal criterio.
- Reconocer en la Carta Magna la pertenencia de España a la Unión Europea y su permanencia en ella y establecer un procedimiento especial para la transferencia de soberanía a la UE.
