El Servicio Andaluz de Salud (SAS) considera un tema “cerrado” las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de los dos contratos menores anulados por la Consejería en el Área Sanitaria de Osuna, por valor de casi 94.000 euros, que fueron denunciados por CGT ante la Oficina Antifraude de Andalucía (OAAF), que ha cerrado la investigación dando por buenas las medidas adoptadas por la administración.

“Es un tema que ya está cerrado”, aseguran desde el SAS sobre los dos contratos menores de 2020 y 2021, que fueron encargados por el que fuera director económico-financiero del Área Sanitaria de Gestión de Osuna (ASGO) y que fueron anulados de oficio por la Central de Compras el 15 de febrero de 2025 tras el requerimiento de la OAAF tras una denuncia del sindicato CGT hace cuatro años.

Los dos contratos, según la documentación de la resolución que pone fin a la investigación de la OAAF, se refieren la pintura de las fachadas exteriores del hospital (adjudicado a Andaluza de Señalizaciones por 47.843,40 euros) y la reparación de fachadas y cornisas del mismo hospital (45.556,50 euros adjudicados a Ferrovial Servicios Auxiliares).

Según informó el SAS a la OAAF, ambos fueron anulados “al haberse utilizado la figura del contrato menor existiendo una única “unidad funcional”, un contrato marco de mantenimiento adjudicado a Ferrovial y prorrogado hasta 2023, por lo que incurría en “vicio de nulidad”.

El SAS dejó claro a la OAAF que el expediente instructor se cierra el 26 de diciembre de 2023 “por inexistencia de actuación alguna susceptible de sanción disciplinaria”.

La respuesta del SAS coincide con la providencia de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz en la que da por personado “en calidad de perjudicado” al Servicio Andaluz de Salud en el caso de supuesta malversación en contratos del propio SAS por el que este juzgado ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía, que denuncia la concesión de contratos “a dedo”.

En esta ocasión, el SAS no da respuesta a la petición del sindicato denunciante, que había reclamado que se asumieran responsabilidades por los casi 94.000 euros de dos contratos, ejecutados y pagados, que ahora habían sido anulados. El SAS sí que dice que, “ante las denuncias reiteradas por CGT, cabe recordar que se trata de un sindicato sin representación en el Área de Osuna”.

Consejo de Transparencia

En cuando al requerimiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el SAS confirma de nuevo que ha presentado alegaciones con respecto al acceso a datos personales por parte de una administrativa del Ayuntamiento de Lantejuela, aclarando que trabajaba como personal de administración y gestión en el consultorio de La Lantejuela “en virtud de unos convenios ya extintos entre ayuntamientos y la Administración sanitaria andaluza”.

Según asegura el SAS, el acceso a datos personales “estaba amparado por un convenio" pero el SAS permitió el acceso “exclusivamente a datos necesarios para la gestión de citas, respetando los principios del RGPD” y que su perfil administrativo “restringía su acceso exclusivamente a datos básicos, cumpliendo con el principio de minimización de datos (art. 5.1.c del RGPD). NO tenía acceso a datos de salud de los pacientes”, insisten.

“No consta evidencia alguna de que el acceso de la trabajadora haya causado un daño real a los derechos de los usuarios del consultorio. No se ha producido ninguna brecha de seguridad, pérdida de datos o uso indebido de la información”, dicen tajantemente, apuntando que desde que ya se adoptaron medidas correctoras como el cese del personal municipal en el consultorio de La Lantejuela y la contratación de personal administrativo del SAS.  

Añaden que, con respecto al procedimiento que continúa abierto en la Oficina Andaluza Antifraude “no tenemos constancia de ninguna notificación que finalice la investigación”, como sí que le han comunicado al sindicato denunciante, aunque dejando claro que han requerido al SAS que aporte “la posible incoación de expedientes disciplinarios al personal o cargos de dicho organismo que autorizaron el acceso de personal ajeno al SAS a la aplicación Diraya”.