El Consejo de Ministros ha decidido retirar del Congreso la tramitación de la ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, donde PP y Junts consiguieron introducir una enmienda para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.
Según consta en las referencias del Consejo, se ha alcanzado un acuerdo para dejar sin efecto este proyecto de ley, que es a su vez una transposición de una Directiva Europea, y "se retira de la tramitación ante el Congreso de los Diputados".
Fue hace dos meses cuando en la tramitación de esta norma, el PP y Junts introdujeran una enmienda transaccional para suspender el mencionado tributo, que en la actualidad está fijado en el 7%. La enmienda se introdujo en fase de ponencia y provocó que PSOE y Sumar dejaran sin fecha fijada la convocatoria de la comisión, que sería la siguiente fase del trámite parlamentario.
Mientras estaba pendiente la fecha de la comisión, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya deslizó que el Gobierno no tenía previsión de continuar con la tramitación de la norma, aunque sí aceptaba sentarse a negociar una exención de este tributo a las plantas renovables.
COLARON LA ENMIENDA POR LA AUSENCIA DE UN SOCIALISTA
Finalmente, el Gobierno ha decidido cortar de raíz y que la ley ya no se tramite. El Ejecutivo conocía el riesgo de que se incluyeran en la ley enmiendas con las que no estaba de acuerdo y, de hecho, llegó a suspender una primera convocatoria de la ponencia por falta de apoyos. También utilizó el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido sobre una enmienda para eliminar ese impuesto, porque supondría una merma de recursos de 1.500 millones de euros.
Pero ese veto tenía que ser aprobado por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, que preside la exministra socialista Cristina Narbona. Cuando se convocó la reunión para revisar las enmiendas y los vetos, el diputado almeriense del PSOE Juan Antonio Lorenzo se ausentó, lo que provocó que el Gobierno perdiera su mayoría en la Mesa y no pudieran frenar el veto que Ejecutivo había impuesto a la enmienda. El diputado fue multado con 1.200 euros.
Fuentes del PP informaron que la suspensión de este impuesto supondría un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro sería de 500 millones, y de 200 millones para las grandes industrias. Asimismo, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo comentaban que el resto de países de la UE no tenían este impuesto, por lo que hacía a la industria española "menos competitiva".
