El sindicato Manos Limpias ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos que prorrogue por tres meses la instrucción para que se puedan realizar todas las diligencias pendientes, como las comisiones rogatorias para recabar información de Whatsapp y Google.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato calcula que el plazo de instrucción finaliza el 25 de marzo, resalta que ya hay diligencias señaladas para su práctica hasta el 12 de marzo y que de las comisiones rogatorias "podrían derivarse, a su vez, diligencias adicionales que tuvieran que quedar acordadas dentro del plazo de instrucción".
Por eso, conforme a lo previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y teniendo en cuenta que "no será posible finalizar la investigación" en el plazo de un año, considera que ahora el juez debe acordar una prórroga. "En el estado actual de la causa, es previsible que no pueda finalizarse en el plazo, por lo que conviene acordar su prórroga", indica.
Con todo, apunta que si bien la ley permite que el periodo se extienda hasta seis meses, "parece prudente en este caso en aras a salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a salvo de la futura necesidad de nueva prórroga, que ésta se acuerde por tres meses".
El instructor del Supremo, Ángel Hurtado, investiga al fiscal general por la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- después de que se filtraran a prensa correos intercambiados por su defensa con el fiscal de delitos económicos que le investigaba.
El pasado mes de enero, el magistrado dictó a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) una comisión rogatoria para pedir ayuda a WhatsApp y a Google con el fin de recuperar los chats y correos electrónicos del fiscal general que han sido borrados por él. Entiende que esta solicitud es "razonable" y "coherente" para intentar recuperar la información de las aplicaciones.
Esta medida tenía lugar después de que la Guardia Civil informara al magistrado de que había hallado "cero mensajes" en los dispositivos que le fueron incautados a García Ortiz durante el registro en su despacho y de que había eliminado su cuenta personal de 'email'.
