La subida del 70% en la tasa por el uso de tierra de secano en Almonte, a los tribunales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva abordará la nueva ordenanza fiscal de Almonte que regula la tasa por utilización de terrenos de naturaleza agrícola de secano, que aumenta un 70% el canon que los agricultores tienen que pagar por hectárea.

La vista, según ha informado este miércoles el Grupo Municipal del Partido Popular en un comunicado, se celebrará el 12 de marzo de 2025.

El procedimiento judicial surge a raíz del recurso contencioso-administrativo presentado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almonte, Miguel Ángel Jiménez García, quien ha manifestado reiteradamente su oposición a la "tarifa plana" de 300 euros por hectárea impuesta por el equipo de gobierno de Ilusiona.

Según Jiménez, esta medida es "un ataque directo a la agricultura tradicional de secano, que históricamente ha sido un pilar de nuestra economía local y de la sostenibilidad del entorno de Doñana".

Jiménez ha enfatizado la falta de equidad de la ordenanza al no distinguir entre cultivos de regadío y secano: "Pretenden que agricultores con explotaciones de secano, que obtienen un rendimiento mucho menor, paguen la misma tasa que aquellos que trabajan en terrenos de regadío. Esto no solo es injusto, sino que pone en peligro la viabilidad de muchas familias que dependen de estos cultivos", ha sostenido.

La subida en las tasas, que representa un incremento del 233 % respecto a las tarifas anteriores, ha generado malestar entre los agricultores, especialmente aquellos que trabajan con cultivos tradicionales como el olivo y la vid.

"No se ha consultado a los agricultores ni se han considerado las particularidades de cada tipo de cultivo. Esta ordenanza es un golpe de imposición y demuestra una total desconexión con la realidad de nuestro sector agrícola", ha criticado Jiménez.

El grupo municipal popular ha argumentado que esta medida vulnera principios constitucionales como la proporcionalidad y la seguridad jurídica.

En este sentido, Jiménez ha explicado que el recurso busca "la anulación de una ordenanza que carece de justificación técnica y económica, y que no respeta los principios que deben guiar cualquier acción tributaria. No pedimos privilegios, solo justicia para quienes han dedicado sus vidas a la agricultura de nuestra tierra".