García Ortiz asume por escrito la responsabilidad de la nota sobre el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad "última" de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y pide por ello elevar la causa al Supremo.

García Ortiz responde directamente al juez que lleva la causa en el TSJM -y que había preguntado a la Fiscalía Provincial de Madrid quién dio esa orden- que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas".

Por ello concluye que, al ser él aforado, el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, que correspondería al Tribunal Supremo.

El instructor de la querella por la difusión de esa nota de prensa había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado)”.

García Ortiz ya asumió de forma pública y verbal la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril.

Esa declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su “notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa”, ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento.

Con esa declaración y el escrito presentado hoy, el Fiscal General trata de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto, según destaca la Fiscalía General en una nota de prensa emitida este lunes para anunciar la presentación del escrito.

García Ortiz reitera así que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal” y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.

Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.

A juicio del Fiscal General resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos.

Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación”.

"No puedo consentir ni tolerar", asegura el fiscal general dejar "cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal".

Y todo, "cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador".

La semana pasada, el juez Francisco José Goyena ratificó su decisión de investigar si dos fiscales de Madrid cometieron revelación de secretos por la difusión de dicha nota tras rechazar por "improcedente y extemporáneo" el recurso de la Fiscalía contra las diligencias que acordó hace semanas para tratar de saber quién fue "el máximo responsable" que autorizó que se publicara.

La investigación del juez Goyena parte de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por la publicación de una nota de prensa en la que trataban de aclarar algunos extremos de la causa abierta por supuestos delitos fiscales contra este empresario, Alberto González Amador, y de su propuesta al Ministerio Público de llegar a un acuerdo para reducir su eventual condena.

Ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con "aclaraciones" sobre el caso. Fue entonces cuando González Amador decidió querellarse contra los fiscales por presunta revelación de secretos, que ahora investiga el TSJM.

La investigación se dirige por contra la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez y el fiscal de delitos económicos que investiga a González Amador, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos.

El juez ha citado a declarar el próximo 13 de junio como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al jefe del Gabinete de Prensa.