El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para rescatar el servicio de transporte

Portillo ha cumplido su amenaza. Si la empresa adjudicataria ya advirtió que el 1 de enero dejaría de dar el servicio de transporte público en el municipio por los reiterados incumplimientos de los acuerdos económicos por parte del Ayuntamiento de Estepona, y cumplió, lo mismo ha sucedido con el alcalde, el socialista David Valadez, quien tras anunciar este lunes que se estaba buscando una empresa que diera el servicio temporalmente, este viernes adjudicaba el mismo de manera temporal y por tramitación urgente a la empresa local de transportes Autobuses Ricardo, a través de un decreto, según aseguraba el propio primer edil, quien a pesar de no precisar la cuantía económica de tal contratación, especificaba que al tratarse de una contratación por un importe menor a 18.000 euros se había realizado un contrato menor, que ha agilizado los trámites.

Pese a todo, la edil de Transporte del Ayuntamiento de Estepona, Agripina Rivas, cuando aún se trataba solo de una simple amenaza de Portillo, aseguró que el coste que supondría contratar de forma urgente a una empresa si la adjudicataria finalmente cumplía con lo dicho, correría a cargo de la misma así como los perjuicios y costes que a la localidad se ocasionaran. En otro orden de cosas, el primer edil esteponero aseguraba que se ha fijado el miércoles como fecha tope, con la esperanza de que el martes, durante la reunión prevista entre representantes municipales y de la empresa Portillo, a instancias de estos últimos, se pueda reconducir la situación. En este sentido, el alcalde insistía en que a pesar de que esta posibilidad es grande, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para el rescate del servicio.

Una pugna vieja
En este punto, cabe recordar que en octubre del pasado año el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimaba el recurso interpuesto por Portillo contra el Ayuntamiento de Estepona, al que reclamaba el abono de 1.304.935,54 euros. El recurso fue presentado por la empresa en noviembre de 2008, al estimar que el Consistorio incumplía las obligaciones del contrato de concesión, suscrito en febrero de 1993. Portillo cifraba esa deuda en concepto de facturas varias y, en particular, por subvenciones para contrarrestar el supuesto déficit anual en la prestación del servicio, siendo las cantidades más cuantiosas las, supuestamente, generadas desde 2004, no derivadas del régimen previsto en el contrato de concesión, sino de un contrato de preacuerdo para iniciar un expediente para la ampliación del servicio, fechado el 8 de junio de 2004. Dicho documento no llegó a ser aprobado por el Pleno de la Corporación ni se tramitó expediente alguno y, por ende, las sumas reclamadas en base a ese documento, tal y como concluye el Juzgado, no se adecuan al contrato vigente entre las partes.

En el escrito que la empresa preentaba en diciembre en el que anunciaba al Ayuntamiento el inicio de la rescisión del servicio de transportes de viajeros, Portillo aclaraba que se habían remitido a la Corporación municipal numerosos escritos, en reclamación de las cantidades que el Consistorio adeuda, sin obtener "resolución expresa, ni abono de las cantidades pertinentes". Asimismo, la empresa reiteraba que ha solicitado diversas reuniones al objeto de exponer "la gravedad de la situación y buscar una solución razonada y razonable para las partes, sin que dichas reuniones hayan podido mantenerse.

El pleno trató de forzar
Ya en el pleno ordinario de diciembre, el asunto de Portillo, junto al de los taxistas en Estepona, fue uno de los asuntos que coparon las sesión en el Palacio de Congresos. Los integrantes de la Corporación municipal ese día aprobaron forzar a la adjudicataria a continuar prestando el servicio hasta 2013, ya que la resolución del contrato estimaba el plazo en 20 años. Pese a votar a favor de la propuesta, el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, puso sobre la mesa la necesidad de mejorar la calidad del servicio prestado por la empresa, añadiendo que quizás si no cobra los cánones establecidos, dicha mejora pudiera ser imposible.En este sentido versó la intervención del Partido Popular, a través de su portavoz, Igncio Mena, quien inisistió en que no se puede permitir que un servicio público deje de prestarse, aunque reconociendo comprender que Portillo, si no cobra, adopte las medidas de presión que finalmente ha llevado a cabo.