El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo jueves, día 21 de marzo, la creación de la comisión promovida por el PSOE para investigar las irregularidades en la compra de mascarillas y la contratación anticovid del Gobierno y otras administraciones durante la pandemia.
Fue a finales de febrero, tras salir a la luz el 'caso Koldo' en el que está implicado un asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando los socialistas registraron esta comisión. Con ella pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado y también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones.
En su reunión de este martes, la Junta de Portavoces ha incluido el debate y votación de la iniciativa en el orden del día del Pleno de la próxima semana, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. La previsión es que salga adelante con el apoyo de Sumar y los socios de investidura, los cuales han reivindicado en numerosas ocasiones su voluntad de investigar todo lo que sea necesario.
Desde el PP ya habían adelantado que no pensaban apoyar la creación de esta comisión, aunque este martes han abierto la puerta a respaldarla pero con la condición de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dimita de su cargo. El Senado ha aprobado este martes, con apoyo del PSOE y sus socios, la apertura de una investigación promovida por el PP específica sobre el 'caso Koldo' y sus ramificaciones.
De su lado, Vox, que ha dado su visto bueno a la de la Cámara Alta, ya tiene decidido votar en contra de la de Congreso alegando que en el PSOE no están "capacitados" para exigir responsabilidades y solo buscan "esparcir dudas".
QUIEREN BUSCAR RESPONSABILIDADES
En la iniciativa registrada, los socialistas fijaron como primer objetivo "establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos".
También se busca "investigar los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas" con el fin de "estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro".
Sin embargo, ya en el año 2020 el PP pidió crear una Comisión Mixta (Congreso-Senado) para investigar la contratación en los meses de pandemia, pero el PSOE y sus aliados lo desecharon. Lo que se creó fue una comisión de estudio para aprobar recomendaciones para la "reconstrucción" tras la pandemia.
Según explica el PSOE en su iniciativa, la pandemia del coronavirus puso de manifiesto que "los recursos de los que disponían en aquel momento los servicios públicos de sanidad, de protección civil y de servicios sociales" eran "dramáticamente insuficientes e inadecuados" y las administraciones públicas "se vieron desbordadas ante la exigencia perentoria de todo tipo de material de protección", en un mercado con "proveedores limitados".
En ese contexto de "enorme" demanda y reducida oferta se pusieron en práctica "mecanismos excepcionales de contratación pública rápida" que atemperaron algunos controles a fin de acelerar procedimientos. "A menos controles, menos garantías y más riesgos", admite el PSOE.
"OPORTUNISTAS, APROVECHADOS Y DELINCUENTES", PERO SIN NOMBRES
Y reconoce que "durante aquellos meses dramáticos también aparecieron oportunistas, aprovechados y delincuentes" de los que se ha tenido conocimiento "durante los últimos años", sin hacer alusión alguna a la trama de Koldo García Izaguire. "Resulta intolerable siempre cualquier irregularidad o delito en la contratación pública, pero resulta especialmente reprochable el aprovechamiento para lucro personal de aquel drama de la pandemia que se llevó por delante la vida de tantos hombres y mujeres", proclama.
Por todo ello, el PSOE considera "imprescindible" que el Congreso constituya una Comisión de Investigación que, en el plazo de cuatro meses, "aclare hechos, circunstancias y responsabilidades en torno a las circunstancias en las que se llevó a cabo la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 en la Administración Pública".
