O el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando empieza a ejecutarse antes de que acaba el mes de junio de 2011 o el Consorcio de Zona Franca perderá una subvención del Ministerio de Industria de 1.350.000 euros que pretende emplear en pagar al Ministerio de Defensa parte de la compra de los terrenos del extinto Polígono de Tiro Militar Janer, un total de 65.000 metros cuadrados por los que pasan parte del futuro desarrollo industrial de San Fernando. Y es que hay que recordar que Zona Franca sigue manteniendo muy vivo el interés en que se convierta en un gran parque empresarial que albergue actividades industriales, comerciales, de hostelería y de ocio, además de destinar una parte para el uso terciario.

Llegados a este punto, toca explicar la procedencia de ese dinero que ha sido concedido al Consorcio, pero del que no podrá disponer si no se cumple la premisa antes señalada. Pues bien, dicha subvención fue aprobada por el Gobierno central el pasado mes de marzo, concretamente por el Ministerio de Industria, dentro de la remesa de proyectos presentados en la Bahía de Cádiz en el denominado III Plan de Reindustrialización.

Zona Franca presentó una propuesta valorada en 2.700.000 euros para pagar a Defensa parte de la compra de los terrenos y el Ministerio la respaldó concediéndole el máximo que se da en este tipo de líneas de ayudas, es decir, el 50 por ciento de los presupuestado y de ahí es de donde sale esa cantidad de 1.350.000 euros. La otra mitad, presumiblemente, la iba a poner el propio Consorcio.

Justificación de la ayuda
Pero el problema radica en que Zona Franca tenía o tiene que justificar ante Industria antes del próximo 31 de diciembre de este año que ese dinero se ha empleado para el fin que fue concedido, es más, que inclusive se ha completado con el otro 50 por ciento que, a priori, tenía que poner de su bolsillo el Consorcio.

Obviamente esta justificación no va a ser una realidad en el plazo estipulado, dado que el precio de los 65.000 cuadrados aún no ha sido fijado por el Ministerio de Defensa, que está a la espera de que el PGOU entre en vigor, ya que es dicha herramienta urbanística la que va a recoger el cambio de uso de todo el ámbito de Janer, que dejará de ser zona pintada como equipamiento en base al Plan de 1992, para convertirse en zona industrial. Ahí se recogerá la edificabilidad permitida para el nuevo parque empresarial y, por ende, Defensa y Zona Franca se sentarán a negociar el precio que estimen oportuno para cerrar la compra.

Esta situación de urgencia es la que ha llevado al Consorcio a solicitar al Ministerio de Defensa una prórroga de seis meses más sobre la subvención de 1.350.000 euros, una prerrogativa que le ha sido concedida y un período en el que espera que el nuevo PGOU sea una realidad. En el caso de que pasen esos seis meses (junio de 2011) y el Plan no haya entrado en vigor, ese dinero se perderá, o mejor dicho, volverá a la caja del Ministerio, que lo podría derivar para otra actuación en el futuro.

El PGOU
La siguiente cuestión que se pone sobre la mesa es más que evidente; ¿en qué situación se encuentra actualmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando? Pues bien, el pasado 19 de octubre se dio luz verde en un Pleno extraordinario a la segunda aprobación provisional del PGOU después de haberse dado respuesta a todos los informes sectoriales que han puesto sobre la mesa las más de 20 administraciones que han estado implicadas en su largo proceso durante los últimos diez años.

Ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que dar el visto bueno al Plan una vez que verifique el contenido del mismo. Luego regresará a Pleno y será sometido a su aprobación definitiva para que comience a ejecutarse, que es lo que verdaderamente importa en estos casos.

Por lo tanto, y en base a todo lo expuesto con anterioridad, se tienen que dar celeridad tanto la Administración autonómica como el Gobierno local para que el Plan regrese a manos municipales antes de seis meses y esa cantidad comprometida por el Ministerio del Interior y Zona Franca no se vaya al limbo y, por ende, se vuelve a retrasar la puesta en marcha de una actuación que pretende convertir a Janer en punto de referencia a nivel industrial de la Bahía, dado su situación geográfica.

Varias fases
Y es que hablar de Janer es hacerlo de un proyecto que ya nació viciado y que ha vivido distintas fases, derivando todas ellas en los problemas burocráticos que han llevado a la situación actual de incertidumbre sobre el futuro desarrollo de los terrenos.

Cabe recordar que en un principio y para acelerar el proyecto se habló de realizar una modificación puntual del suelo en el Plan del 92, pasándolo de equipamiento a actividad económica. En diciembre de 2007 la Delegación Provincial de Obras Públicas emitió un informe favorable para la citada modificación, pero cuatro meses más tarde el Consejo Consultivo de Andalucía disentía de este criterio, puesto que basándose en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía a cambio de otorgar a Janer un uso de actividad económica, el Ayuntamiento tenía que buscar otros 65.000 metros cuadrados a los que darle el uso de equipamiento recogido en el Plan del 92 para los terrenos militares.

En esos instantes, el Gobierno municipal no disponía de dicha superficie y es por ello que se optó por aplazarlo todo hasta la aprobación del nuevo PGOU, donde la Gerencia de Urbanismo si tenía planificados esos 65.000 metros cuadrados para equipamientos.

De todas formas, la aprobación del PGOU no es lo único que está jugando en contra del Consorcio de Zona Franca para la puesta en valor de los terrenos del polígono de Janer, puesto a que todo apunta a que en las extintas instalaciones militares ha aparecido un hallazgo arqueológico que podría suponer un nuevo freno.

Sólo tres proyectos de San Fernando de los 128 aprobados en la Bahía
La noticia sobre la prórroga solicitada por Zona Franca de seis meses al Ministerio de Industria para no perder la subvención de 1.350.000 euros que destinará a la compra de Janer, fue dada a conocer esta misma semana por la senadora socialista, María Jesús Castro, que habló en la Casa del Pueblo precisamente sobre la III fase del Plan de Reindustrialización puesto en marcha por el Estado en la Bahía de Cádiz y los municipios más importantes de su entorno.

Lo primero que más llama la atención de los datos ofrecidos por Castro es la escasa incidencia que dichas subvenciones han tenido dentro del tejido industrial de San Fernando, donde sólo tres proyectos -incluido el de Zona Franca- de los 128 aprobados por el Gobierno Central provenían de La Isla.

Una situación que hace pensar en dos cosas y que cada uno saque sus conclusiones. Por un lado, que el sector industrial en la ciudad es escaso o nulo o, por el otro, que pocos han sido los que se han enterado en plazo y forma de las ayudas lanzadas en su día por el Ministerio de Industria.

Ni el Ayuntamiento
Además, llama la atención que dicha línea de crédito que concede el Estado no es exclusiva del sector privado, ya que los propios ayuntamientos pueden solicitarlo y, en este caso, el de San Fernando no solicitó ninguno durante el plazo establecido en el 2009, ni tampoco parece que vaya a pedir alguno dentro del fijado para la IV fase del Plan de Industrialización, que expira el próximo 22 de diciembre y cuyas ayudas servirían para ejecutar proyectos industriales durante el 2011.

En este sentido, María Jesús Castro señaló que, por el momento, no le consta que el Gobierno local isleño haya pedido algún tipo de subvención con cargo a este cuarto plan al objeto de llevar a cabo alguna actuación desde el punto de vista industrial.

Y es que haciendo una comparativa con el resto de localidades que se beneficiaron de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria durante el año que está a punto de acabar, San Fernando está muy lejos de Jerez (26 proyectos), Puerto de Santa María (24 proyectos), Puerto Real (16 proyectos), Cádiz (once proyectos) o Chiclana (once proyectos).

Y la cosa va más allá si se observa que de los 128 proyectos que fueron aprobados, 90 pertenecían al ámbito de lo privado y los otros 38 restantes fueron solicitados por los Ayuntamientos.