La Junta pedirá que se adapte la norma sobre competencia al sector

No estuvo la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, pero da lo mismo. La Junta de Andalucía se comprometió con los representantes del Consejo Regulador de Jerez a pedir al Gobierno central y a Bruselas que se trabaje en la adaptación de la legislación actual sobre competencia a las necesidades específicas del sector agrario, tras la sanción puesta por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) a nueve bodegas jerezanas -aunque Grupo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos fue eximida-, a Fedejerez y el Consejo Regulador por control de la producción y los precios por un importede 6.723.000 euros. El viceconsejero de la Consejería de Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Serrano Aguilar, que fue quien asumió el papel de interlocutor, ratificó la postura defendida por la consejera cuando se conoció la sanción y transmitió la preocupación de la Junta ante esta situación, al tiempo que aseguró que van a contar con ?todo el apoyo? de la Administración para buscar posibles soluciones a unas sanciones ?injustas y desproporcionadas?. Un apoyo reclamado por el sector ante ?el golpe durísimo? recibido, que ?pone en serio peligro la superviviencia de algunas bodegas expedientadas?, según el Consejo Regulador. En este sentido, tanto el portavoz del gobierno autonómico como los representantes del Consejo Regulador coincidieron en la importancia que tiene para el futuro de un sector estratégico para la economía andaluza, como es el agroalimentario, que se abra un debate sobre la competencia, dentro de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y para el nuevo marco comunitario. Asimismo, señalaron la necesidad manifiesta de que se adapte su normativa a la especificidad de dicho sector, para evitar este tipo de casos. Así, en relación a la agroalimentación, cabe destacar el interés de que se contemplen una serie de acuerdos cuyo principal cometido sea ?garantizar la rentabilidad de la producción en las zonas agrarias y favorecer la fijación de la población al territorio rural?. Y es que, desde el Consejo Regulador se subrayó que con independencia de las medidas jurídicas que cada una de las empresas y entidades afectadas tomarán, ?y que con toda probabilidad se plasmarán en los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional? se han de decidir ?vías de apoyo que puedan paliar las gravísimas consecuencias que la aplicación directa de las sanciones tendrían sobre este sector estratégico, que viene haciendo frente a una difícil situación económica?. En la misma sintonía se mostró el Ayuntamiento de Jerez, presente en el encuentro de ayer a través del delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero, quien tras calificar de ?extremadamente grave? la situación se puso a disposición para trabajar ?para que en este tema se pueda llegar a buen puerto, por la trascendencia que tiene para el futuro este hecho, y poder alcanzar un futuro más esperanzador para esta actividad, que afecta a bodegas, viticultores, viñistas y cooperativas, y por consiguiente, tiene una dimensión social que no se le debe escapar a nadie?. La sanción económica interpuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se reparte entre los 870.000 euros a Bodegas González Byass S.A.; 1.250.000 euros a Bodegas José Estévez S.A.; 2.300.000 euros a Bodegas Williams & Humbert S.A.; 400.000 euros a Bodegas Emilio Lustau S.A.; 900.000 euros a Bodegas Barbadillo S.L; 28.000 euros a Caydsa; 135.000 euros a Bodegas J. Ferris M.C.B.; 240.000 euros a Bodegas Pedro Romero. Igualmente, como coautores de la infracción, Fedejerez y el Consejo Regulador tendrán que abonar 400.000 euros y 200.000 euros respectivamente. Garvey ofrece su colaboración La familia Ruiz-Mateos manifestó, a través de un comunicado, ?la mejor disposición de Garvey a colaborar, dentro de la legalidad para minimizar las consecuencias económicas negativas? de la sanción de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Este ofrecimiento lo realiza ?desde el convencimiento de que el desarrollo del Marco de Jerez será favorecido por la supresión de las prácticas restrictivas de la competencia, que beneficiando a unos, han lastrado al sector?. Este ofrecimiento llega cuando ?Federejerez ha manifestado su inquietud por las sanciones a pesar de que esas prácticas ilegales dificultaban el crecimiento de Garvey, a pesar de que coartaban las ventas de Garvey fuera de España, a pesar de que el Consejo Regulador actuó al servicio de los intereses de Fedejerez y no del conjunto de la bodegas del Marco, y a que obligaron a Garvey a denunciar esas ilegales prácticas como medida de autodefensa?.