El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, al que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y a ex ediles, entre otros, a abonar más de 17 millones de euros al Ayuntamiento marbellí por el caso Monteverde. Esta causa investiga el desvío de cerca de 42 millones de euros de las arcas municipales a empresas vinculadas al arquitecto Carlos Monteverde por proyectos de obras que no se ejecutaron, así como 91 operaciones supuestamente ilegales realizadas desde sociedades municipales y un fraude millonario a la Seguridad Social.
Se trata de una reclamación que tenía por objeto calcular el perjuicio que se causó a los caudales públicos en la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación SL, dentro del caso Monteverde, donde “la primera parte de los proyectos que nunca se realizaron y que se cobraron se empezaron a facturar y a cobrar con cargo a esta sociedad y, posteriormente, lo fueron con cargo al Ayuntamiento”, según explicó el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero.
En concreto, la sentencia, sobre la que cabe recurso de apelación, establece una condena de 12.731.066,39 euros a los que hay que sumar 110.679,79 euros, cantidades procedentes de distintas legislaturas y “que se defraudaron a esta sociedad como consecuencia de proyectos que nunca se realizaron y que, sin embargo, se cobraron”, incidió Romero, quien señaló que reconoce una cantidad adicional de 4.956.472,83 euros por el primer período y 64.227,13 euros por el segundo, en concepto de intereses.
“En total, estamos hablando de una condena de más 17 millones de euros que deben de abonarnos un conjunto de concejales y responsables de esta empresa”, entre los que se encuentran el abogado Modesto Perodia, el ex contable Antonio Callejas y los ex ediles Esteban Guzmán, Francisco Javier Lendínez y María Luisa Alcalá Duarte, entre otros, “que tenían a su disposición los fondos que ahora mismo el Tribunal de Cuentas establece que no han sido debidamente justificados y deben reintegrarse a las arcas municipales”, manifestó.
El portavoz municipal del PP puntualizó que, al no tratarse de una sentencia firme, habrá que esperar a ver si los condenados recurren y luego ver “en qué situación está la negociación que se llevó en su día con la Seguridad Social y Hacienda”, con el objetivo de que las indemnizaciones a favor del Consistorio “puedan ser cedidas” para saldar estas deudas.
Del Nido se justifica
Mientras, el abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, justificó ayer su trabajo para el Ayuntamiento de Marbella con recibos de viajes y correcciones en documentos, y aseguró que su labor redujo el alcance de las irregularidades fiscales detectadas en 23.000 millones de pesetas.
Del Nido dijo ayer durante el juicio por el caso Minutas que el informe de fiscalización del Ayuntamiento por el Tribunal de Cuentas decía que las irregularidades ascendían a 55.623 millones de pesetas, de los que 37.320 correspondían al Ayuntamiento y el resto a sociedades municipales.
Según el letrado, que contestó a preguntas de su abogado, su trabajo consiguió bajar la cantidad que afectaba al Consistorio hasta los 14.000 millones de pesetas.
Del Nido aportó numerosos documentos que acreditan el trabajo hecho al Ayuntamiento y se refirió a varios borradores de las alegaciones hechas al anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas que incluyen anotaciones suyas a bolígrafo.
Señaló que se sirvió de la información que le proporcionaron el secretario, tesorero e interventor municipal para elaborar el informe final de las alegaciones, añadiendo que éste “incluye sus correcciones”, en referencia a las declaraciones del fiscal, que le acusó de copiar y pegar.
Además, el abogado acreditó sus viajes a la ciudad cada vez que el Tribunal de Cuentas visitaba el Consistorio de Marbella con recibos de su paso por la autopista y facturas de gasolineras ubicadas entre Sevilla, donde está su despacho, y la localidad malagueña. “No existe ni un solo día que el Tribunal de Cuentas estuviera en Marbella y yo no estuviera allí”, aseguró Del Nido.
Justificó también las actuaciones en las sociedades municipales, que ocupaban “el 60%de los folios” de las alegaciones al anteproyecto de fiscalización, parte que consideró más complicada, ya que el 90% de las sociedades “no tenían las cuentas anuales aprobadas” y muchas de ellas tenían “una compleja participación accionarial”.
