La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Cazorla, en pro de su labor por defender el Conjunto Histórico del municipio, también ha recurrido al Defensor del Pueblo, José Chamizo quien, en opinión de este colectivo, es el que más les “preocupa”. Tal y como ha explicado Mariano Rodríguez, existe una Ley de Institución (La Ley 9 del 83, del Defensor del Pueblo Andaluz). No obstante, según el portavoz de la Plataforma, Chamizo “se limita a ver las irregularidades y pasarlas al Parlamento”.
El problema, puntualiza, es que el Parlamento Andaluz no adopta las medidas necesarias, puesto que este tipo de quejas vienen prorrogándose durante años y “no se ha hecho nada”.
tema pendiente
Pese a que el Defensor del Pueblo es una Institución con Ley propia, Mariano Rodríguez manifiesta que en el capítulo segundo, artículos quinto y veinticuatro, se dispone que cuando el Defensor del Pueblo, en razón de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos, deberá ponerlo en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal. “No lo hace, aunque se lo hemos requerido en multitud de ocasiones. Él sabrá por qué”, declara.
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