Seguro que conocen la historia. Se llaman Joaquín y Josefa. Son un matrimonio de octogenarios -él, además, enfermo- que vivía desde hace más de cuarenta años en su casa del barrio sevillano de la Macarena. Pues el pasado día 25 fueron desahuciados tras perder un pleito con su hijo, propietario legal del inmueble.
Los dos ancianos llevan sesenta y cuatro años juntos y el piso del que han sido desahuciados fue comprado por la pareja en 1971, pero, por error en el contrato de compraventa, figura el nombre del hijo, Joaquín Ortega Rueda, en vez del del padre, Joaquín Ortega Portillo. Veinte años después, el hijo compró el piso al mismo constructor ante notario y con escrituras, por lo que el contrato que tiene validez jurídica es éste. Comprobamos así cómo funciona la Justicia actualmente en España y la humanidad en la aplicación de las leyes que tienen algunos jueces, que podrían ser sustituidos perfectamente por un programa de ordenador; se meten los datos del caso y se aplica la fórmula matemática en función de los códigos civil o penal y sale el resultado: desahucio. Y nos ahorraríamos una buena millonada en funcionarios del Estado. ¿Y qué me dicen de ese diamante en bruto que debe ser el hijo? La pobre madre sólo podía decir entre sollozos a los periodistas: “¿Cómo puede sentirse una madre cuando su hijo le echa de su casa? Me decía que me quería mucho y mirad cómo nos lo ha demostrado. Y yo lo quiero. Y le mando un abrazo y espero que nunca un hijo suyo le haga lo que él nos ha hecho a nosotros. Lo único que quiero ahora mismo es que Dios nos recoja esta noche, que nos mande la muerte a los dos juntos porque, si no fuera por mi marido, yo ya hace tiempo que me habría quitado del medio”. ¿Qué sociedad estamos construyendo en la que se puede permitir que a unos padres octogenarios se les pueda desahuciar legalmente por su propio hijo? Me podrán decir que la misma que permite a una madre deshacerse de su hijo no nacido -el ser más débil- por cuestiones peregrinas perfectamente camuflables en los supuestos aprobados y que han despenalizado recientemente la lacra del aborto (y las ministras socialistas celebrándolo como si fuera un bien en lugar de un vil asesinato). ¿Sirve para algo la Consejería de Asuntos Sociales, los señores y señoras de la Junta de Andalucía? Más funcionariado que nos podríamos ahorrar. Y si el artículo 47 de la Constitución Española afirma que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, ¿qué hacen los bancos, con el apoyo de las instituciones, desahuciando a personas mayores y familias sin recursos en una crisis económica en cuya provocación han sido los propios bancos uno de los grandes protagonistas?. Pero esta es la España actual, en la que un hijo deja en la calle a unos padres y no pasa nada, en la que no se sabe nada sobre los autores del mayor atentado de la democracia, la España de ZP y del aumento constante del paro y los impuestos, de la Defecación para la Ciudadanía y del mapa de zonas erógenas con cargo al presupuesto, de Chiquilicuatre y de Belén Esteban, del Faisán y de multitud de pájaros que viven del cuento; una nación que se resquebraja en una profunda crisis, no sólo económica, sino de identidad (con multitud de nacionalidades histéricas -que no históricas-) y sobre todo, de valores. Y ése es el mayor desahucio: el de los valores.
