Porque “está redactado por y para el empresariado, desregula y deteriora lo público” y ha pedido a la oposición que lo recurra ante el Tribunal Constitucional
CCOO ha condenado la convalidación este miércoles en el Parlamento del decreto de simplificación administrativa porque “está redactado por y para el empresariado, desregula y deteriora lo público” y ha pedido a la oposición que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento a "las fuerzas políticas progresistas de la Cámara para que actúen para lograr derogar un decreto hecho a medida del empresariado, sin considerar a la mayoría social, desregulando y eliminando controles y garantías”.
Por ello, ha demandado a los grupos de la oposición en el Parlamento que recurran el decreto ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que hicieron con el aprobado en 2020 y que se encuentra pendiente de resolución.
“Si no se pone coto a esta forma de gobernar los efectos serán brutales porque de facto supone la anulación de la participación y diálogo social establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, además de las funciones del Parlamento andaluz y participación de toda la ciudadanía”, ha denunciado CCOO.
Según esta organización sindical, esta norma, convalidada ayer con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, es una "nueva afrenta contra lo público” y otra "prueba más de que en Andalucía no gobierna la derecha, sino el lobby empresarial”.
Además, ha denunciado que con este decreto la Administración "hace dejación de funciones al inhibirse en su responsabilidad de controlar, fiscalizar y dar garantías jurídicas".
“"Bajo el mantra de la simplificación, la Junta ha abordado tres reformas con el mismo objetivo”, ha recordado el sindicato, que señala que esta última tendrá efecto sobre unas ochenta normas y contiene más de trescientas medidas de simplificación que afectarán a todos los sectores y con lo que, según CCOO, Andalucía “se va a convertir en una selva donde impere la ley del más fuerte, con la mínima intervención y regulación por parte de los poderes públicos y administraciones".