El Consejo de Transparencia registró 1.030 reclamaciones en 2020, un 27 por ciento más

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en 2020 un total de 1.030 asuntos, 627 en el Área de Transparencia y 403 en la de Protección de Datos, un 27 % más respecto al año anterior, incremento debido a la asunción de competencias en materia de protección de datos.

El director del Consejo, Jesús Jiménez, ha presentado en una comparecencia parlamentaria el Informe de Actuación 2020 y ha destacado el número de reclamaciones y denuncias resueltas, un total de 655, un 5 % más en relación al ejercicio anterior.

También ha subrayado la "buena marcha" del órgano en 2021, año en el que ya ha registrado cerca de 1.400 asuntos, de los que se han resuelto más de 1.100 reclamaciones y denuncias, resultado - ha dicho- de la labor consolidada por la anterior dirección.

 Por áreas, Transparencia registró el pasado año 627 asuntos (545 reclamaciones, 50 denuncias y 32 consultas) resolviendo 648 reclamaciones y denuncias.

En Derecho de Acceso a la Información Pública, el perfil del reclamante correspondió en un 87 % a personas físicas, siendo un  85 % hombres y un 15 %, mujeres.

Los entes locales aglutinaron el 48 % de las reclamaciones -con Sevilla, Málaga y Cádiz a la cabeza-, seguidos de la Junta de Andalucía (46 %).

Las consejerías más reclamadas en la Junta fueron Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, seguida de Educación y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con respecto a las resoluciones dictadas, ascendieron a un total de 401, que resolvieron un total de 422 resoluciones, siendo un 63 % favorables al ciudadano.

Las cuestiones más demandadas fueron las relacionadas con personal, contratación, urbanismo, informes y funcionamiento de los órganos.

En el capítulo de Publicidad Activa se registraron un total de 50 denuncias, el 64 % presentadas por personas físicas (90 % hombres y 10 % mujeres). De nuevo fueron las entidades locales los organismos más denunciados, con un 78 % -con Sevilla y Cádiz en los primeros puestos- seguidos de la Junta de Andalucía (10 %).

En cuanto a las resoluciones, se emitieron un total de 218, que resolvieron 226 denuncias de forma acumulada. Las cuestiones más denunciadas fueron la ausencia de trámite de información pública, el funcionamiento del gobierno, los altos cargos y máximos responsables y la información institucional y organizativa, entre otras.

El pasado ejercicio se registraron en el Área de Protección de Datos un total de 403 asuntos, divididos en 148 reclamaciones por vulneración de la normativa (44 % pertenecientes a la administración autonómica y 46 % a la administración local), 114 comunicaciones de delegados de Protección de Datos, 22 notificaciones de brechas de seguridad y 119 consultas.

En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 94 % respondieron a designaciones (el 77 % de la administración local y el 21 % de la autonómica), cifra que constata que aún muchas instituciones no contaban con esta figura dentro de sus organizaciones.

A cierre del ejercicio 2020, el 63 % de los municipios andaluces aún no había comunicado el Delegado de Protección de Datos al Consejo. Para revertir estas cifras, el Consejo puso en marcha en 2021 una campaña informativa para aquellos ayuntamientos que aún no contaban con esta figura obligatoria o bien no lo habían comunicado oficialmente.

Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 59 % a la administración local y el 41 % a la autonómica.

Con respecto a las consultas, de las 119, el 61 % estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 20 % con la legitimidad del tratamiento, el 8 % a la responsabilidad proactiva y el 5% con el ejercicio de derechos.

En año pasado se presentaron siete nuevos recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones del Consejo y los tribunales dictaron un total de 16 sentencias, la mayoría favorables a la autoridad de control.

El director ha avanzado en la comparecencia que el Consejo está preparando su Plan Estratégico que, con un horizonte de 2025, tiene el objetivo de consolidar al Consejo como “una institución abierta y cercana, que continúe tendiendo puentes de comunicación con todos nuestros interlocutores”.