La propia ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno de España llevará próximamente al Consejo de Ministros un texto para corregir los elementos que se han declarado inconstitucionales en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.

Una cuestión altamente reclamada por los ciudadanos que se veían abocados a pagar este impuesto sin que existiera un incremento real del valor de inmueble.

Frente a esto, el Gobierno de España intenta salir al rescate de los ayuntamientos de España. Sin duda alguna, esta sentencia del Tribunal Constitucional supone un grave varapalo económico para los servicios municipales. De hecho, multitud de consistorios se dedicaron la semana pasada a sacar notas de prensa señalando la merma de ingresos que iban a tener de llevarse a cabo lo dispuesto por la sentencia.

Es un problema importantísimo para nuestro estado de bienestar, dado que muchos de los servicios y ayudas que se prestan tendrán que replantearse pero ello no debe implicar que deba existir un saqueo del bolsillo de los ciudadanos que verían esta modificación que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez como una alteración de las reglas del juego.

¿No supondría esto una trampa legal para salvar los muebles? Sin lugar a dudas sí.

Miren, España necesita una reforma fiscal y presupuestaria de gran calado, una modificación que haga que los ciudadanos paguemos los mínimos impuestos posibles y que contenga la cobertura de los servicios públicos esenciales.

Para ello, se debe definir qué es lo esencial y qué es lo superfluo, qué se debe o no subvencionar o apoyar económicamente desde las instituciones públicas. En definitiva, que haya un replanteo de las condiciones económicas en las que debe ceñirse el devenir de las Administraciones Públicas con sus relaciones con los ciudadanos tanto en su nivel individual como en lo colectivo cuando entran en concurso las asociaciones.

Ya se lo dije un día. Es necesario un liberalismo económico que implique que el mejor sitio en el que está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Impuestos los mínimos por tanto.

Además, está demostrado que con menos impuestos mayor es la recaudación, que se activa la economía y que los ingresos que se reciben para la prestación de servicios públicos es mayor.