El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) ha puesto en libertad provisional a todos los detenidos que pasaron a disposición judicial acusados de pertenecer a una red internacional de tráfico de hachís, entre las que había un agente de Guardia Civil que prestaba servicio en Roquetas, después de que ninguna de las partes, incluida la Fiscalía, solicitara su ingreso en prisión.
Fuentes del TSJA y de la investigación han confirmado la puesta en libertad de los ocho detenidos en el marco de la operación 'Izabela' que pasaron a disposición del juez en relación con el alijo de 1.300 kilos de hachís mientras que los otros 13 detenidos por los agentes también han sido puestos en libertad a la espera de comparecer ante el instructor.
La investigación señala la supuesta participación del agente de la Benemérita, quien habría facilitado información a los presuntos narcotraficantes para llevar a cabo desembarcos de droga llegando a percibir, según los indicios, hasta 300.000 euros por ello.
Según han recordado las fuentes judiciales, según el ordenamiento jurídico español, los jueces no pueden acordar la medida de la prisión preventiva si ésta no es solicitada por el Ministerio Fiscal. En este caso, el juez instructor convocó la correspondiente comparecencia de prisión provisional para cuatro de los detenidos con el fin de ordenar su ingreso en prisión o su puesta en libertad provisional.
En esta comparecencia la Fiscalía Antidroga de Almería no solicitó el ingreso en prisión, por lo que el juez acordó su puesta en libertad provisional investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Además, se les han impuesto las medidas cautelares de retirada de pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
La investigación llevada a cabo por el Grupo OCON (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico) de la Guardia Civil es a un presunto grupo criminal entre cuyas funciones se encontraría no sólo tráfico y transporte de hachís a gran escala mediante embarcaciones recreativas, sino también labores de logística, abastecimiento y aprovisionamiento de repostaje para embarcaciones de alta velocidad del narcotráfico para introducir sustancias estupefacientes entre Marruecos y España, evitando así su aproximación a la costa para evitar ser detectadas y aprehendidas.
Se investiga la posible red internacional de origen rumano y su conexión con otras para presuntas exportaciones del hachís a otros países, principalmente Reino Unido. Además de incautaciones de hachís de notoria importancia mediante utilizaciones de barcos se habría detenido a un agente de la Guardia Civil presuntamente a sueldo de la organización y que se dedicaría a suministrar información para facilitar los desembarcos a cambio de pagos.
Los investigados, además de un presunto reparto de tareas y funciones, con participación de numerosas personas de manera sucesiva durante la actividad criminal, utilizarían teléfonos satelitales, inhibidores de frecuencias, gafas de visión nocturnas y otros dispositivos electrónicos sofisticados para la introducción de droga que han sido aprehendidos.
Se han incautado de decenas de garrafas de gasolina listas para el repostaje, y un motor de gran potencia para lanchas neumáticas de alta velocidad así como en torno a 10.000 euros en efectivo. También se han intervenido vehículos de alta gama cuyo valor se encuentra cada uno entre los 50.000 y 100.000 euros.
Los investigados tendrían un alto poder adquisitivo con propiedades en varios países y empresas presumiblemente dedicadas al blanqueo de capitales. Durante el transcurso de estas investigaciones se habrían identificado cinco embarcaciones de recreo de alta gama, tipo yate que habrían resultado en dos incautaciones de cerca de 1.300 kilos de hachís, lo que supone una droga incautada en el mercado por valor superior a dos millones y medio de euros.
