La Fiscalía de Almería va a solicitar penas que van desde los ocho meses hasta los dos años y tres meses de prisión para un empresario y ocho ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país quienes presuntamente participaron en la compraventa de contratos de trabajo con el fin de obtener un permiso de estancia en España.

En concreto, según la calificación provisional consultada por Europa Press, el Ministerio Público interesa una pena de dos años y tres meses de prisión para el empresario por un delito continuado de falsedad en documento oficial mientras que para cada uno de los ciudadanos extranjeros solicita ocho meses de prisión también por falsedad.

Los inmigrantes habrían ofrecido diversas cantidades de dinero, entre los 700 y los 2.000 euros, tanto al empresario como a un intermediario que no ha sido identificado para conseguir un contrato con el que tratar de regular su situación ante la Oficina de Extranjería a través de una autorización de residencia y trabajo por arraigo.

Así, según la investigación, contactaron con el empresario para que, a través de dos de sus sociedades, emitiera contratos laborales para conseguir la autorización de residencia; unos contratos "ficticios" por los que posteriormente el patrón no daba de alta a los empleados a la Seguridad Social ni abonara algún tipo de cotización. Los supuestos empleados tampoco desempeñaban ninguna labor.

Con esto, la fiscalía apunta que se realizaron al menos ocho contratos entre el 24 de enero de 2011 y el 24 de mayo del año siguiente, con los que los implicados en la trama habrían llegado a abonar al menos 7.100 euros. En todos los casos, la Oficina de Extranjería denegó los permisos que se escudaron en estos contratos.

El Ministerio Público también solicita para el principal acusado una multa de 12 meses a razón de seis euros diarios mientras que para el resto de acusados pide una multa de seis meses a razón de cuatro euros diarios.