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Almería

El juez comenzará a tomar declaración a 19 imputados y 41 testigos del caso Facturas la próxima semana

También llama a tres personas vinculadas al equipo de gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, \"pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo\"

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El juez instructor del caso 'Facturas' comenzará la semana que viene la nueva ronda de declaraciones, con la citación de 19 imputados y 41 testigos, en el marco de la investigación iniciada hace un año para dirimir si se malversó dinero público mediante la emisión de "facturas ficticias" en el seno del Patronato de Turismo de Almería entre los años 2009 y 2011.

   Las comparecencias de los testigos en sede judicial se iniciarán el día 6 y continuará el 7, mientras que para los días 8 y 9 de mayo está prevista la declaración de los imputados.

   Lo harán por primera vez diez personas, mientras que otros nueve implicados lo harán por segunda vez debido a la ampliación de la imputación de hechos de apariencia delictiva que se hace sobre ellos. En este último caso se encuentran el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE), en libertad bajo pago de una fianza de 12.000 euros, y el exgerente del patronato Francisco Iglesias.

   La diligencia, consultada por Europa Press, cita en calidad de testigo el día 6, entre otros, al expresidente de la Diputación Provincial, el socialista Juan Carlos Usero, y a la exdiputada provincial Caridad Herrerías. Para el día 7 está señalada la comparecencia testifical del exgerente Antonio Cantón.

   Para el día 8 está prevista la declaración en calidad de imputados de los siete administradores de agencias de viajes y de una empresa de tecnología, a quienes los últimos informes de la Policía Judicial incorporados a la causa atribuyen la facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato por importes superiores a 4.000 euros.

   También llama a tres personas vinculadas al equipo de gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, "pudieron disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".

   Para el día 9 esta señalada la comparecencia del exvicepresidente de la Diputación, Luis Pérez y de su mujer, así como del exgerente, Francisco Iglesias, además de otros siete imputados

   El auto dictado hace un mes por el magistrado Luis Durbán, quien ha cesado recientemente al frente de este órgano para ejercer en la Audiencia Provincial, indicaba que los informes policiales con los que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público que se habrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas "ficticias", recogen "también nuevos hechos de apariencia delictiva" con respecto a las personas que ya figuraban imputadas en la causa, y resolvía que debían prestar de nuevo declaración en sede judicial.

DELITOS PRESCRITOS

   Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalaban también a otras 23 personas que, según remarcaba el instructor, también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.

   Según explicaba, en la "mayor parte" de los casos han transcurrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estimó que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.

   "Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostenía, si bien dejaba la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.

   Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto resolvía la citación a declarar como testigos de otras 18 personas, incluido el expresidente de la institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías. En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la institución.

DENUNCIA

   El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.

   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.

   Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.

   Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.

   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles "irregularidades".

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