El Juzgado de lo Social número 4 de Jaén absuelve, tanto a la empresa Macrosad como al Ayuntamiento de Alcalá la Real, tras la demanda presentada por el sindicato CC.OO instando a establecer servicios mínimos en la atención de la Ayuda a Domicilio, y a que se dotara a las auxiliares de equipos de protección individual, así como que se condenara al pago de una indemnización de 300.589 € por daños y perjuicios a favor de las trabajadoras afectadas.

Habiéndose notificado la sentencia al Ayuntamiento y sin que conste recurso por parte del sindicato hasta la fecha, la edil de Servicios Sociales, Salud y Familia, Mercedes Linares, manifiesta su satisfacción “porque se ha hecho justicia. La reconfiguración del servicio se ha hecho siguiendo criterios profesionales rigurosos de las trabajadoras sociales, que han tenido en cuenta las circunstancias personales, individuales y familiares de los usuarios y no bajo unos criterios generales que pretendía imponer el sindicato demandante y que hubieran dejado al colectivo más vulnerable ante esta crisis sanitaria en una situación de desatención e indefensión”.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, se argumenta que “en marzo de 2020, antes de la declaración del estado de alarma, había un total de 391 usuarios del servicio de ayuda a domicilio municipal en Alcalá la Real. De manera coetánea a dicha declaración, el Ayuntamiento comenzó a recibir solicitudes de bajas voluntarias por parte de los usuarios y, asimismo, por medio de sus trabajadoras sociales, a partir del día 16 de marzo, llamó por teléfono, uno a uno, a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, para comprobar si había familiares que les pudieran atender, o si su menoscabo no les impedía su autocuidado, a fin de que no quedaran desamparados. De forma que, a fecha 24 de marzo, se habían dado de baja voluntaria unos 90 usuarios, y a fecha 3 de abril,165. Mientras que, de las 226 personas dependientes que reciben atención desde primeros de abril, 38 tienen reducción de servicios a consecuencia de la valoración técnica de las trabajadoras sociales. Es decir, que de hecho, aún sin resolución o acuerdo escrito, hay servicios mínimos en el servicio de ayuda a domicilio prestado”.
 
De igual modo, la sentencia reconoce que “de manera paralela a la reorganización del servicio municipal de ayuda a domicilio, tanto el Ayuntamiento de Alcalá la Real, como la empresa demandada, han realizado gestiones encaminadas a intentar conseguir los equipos de protección para las auxiliares”.

En este sentido, Linares recuerda que “se han entregado más de 1.000 mascarillas quirúrgicas y también FPP2, 200 batas desechables, y seguiremos cubriendo todas las necesidades que vayan surgiendo para que la protección del personal que presta este servicio sea máxima” y reitera su agradecimiento “tanto a la empresa como a todas las auxiliares de ayuda a domicilio, por demostrar una profesionalidad ejemplar, que ha puesto de manifiesto la vocación por su trabajo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo”.