La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) cedió 170 pisos turísticos, con 350 habitaciones, para alojar a personal sanitario de los hospitales de la ciudad a finales de marzo de 2020, en lo más crudo de la pandemia. Ventura Durall, responsable de Durlet Apartaments, empresa con 32 inmuebles y una docena de empleados, secundó la iniciativa porque “había que sumar todos los esfuerzos posibles para frenar los contagios”. No fue tarea fácil y la pandemia causó estragos en un sector que, impotente ante la crisis humanitaria, asistió asimismo al hundimiento del sector.
En septiembre pasado, el 60% de las viviendas con fines turísticos habían abandonado la actividad para suscribir contratos de alquiler de temporada o larga duración. Hoy, asegura Durall, los precios han caído a la mitad. “Salimos adelante con integrantes de la plantilla en ERTE, gracias al cliente nacional -asegura- y con mucha dificultad” porque las administraciones públicas no han mostrado la misma sensibilidad que los empresarios. “En plena crisis, el Ayuntamiento de Barcelona comenzó a cobrar un recargo de 0,75 euros a la tasa turística”, lamenta. Desde el 1 de junio, cada huésped mayor de 16 años de apartamento turístico u hotel desembolsa en total tres euros por cada noche, con un máximo, eso sí, de siete.
“Nos han puesto palos en las ruedas durante la recuperación”, se queja Enrique Alcántara, presidente de Apartur. “Nos ha penalizado”, advierte, por lo que no entiende cómo Andalucía y más concretamente la ciudad de Cádiz puede plantear “ahora, con la que está cayendo” la implantación del gravamen.
Esta semana, el alcalde gaditano, José María González, Kichi, rescató la propuesta, debatida en Pleno en enero de 2020, para pedirle a la Junta de Andalucía que analice la viabilidad del cobro de la tasa, con el objetivo de que los ingresos se destinen a mejorar el patrimonio histórico municipal, reducir el impacto medioambiental del turismo e impulsar un turismo sostenible, responsable y de calidad.
“Es una malísima idea”, concluye el representante de Apartur. “Resta competitividad”, señala, por su parte, Alberto Galloso, jerezano afincado en Valencia, responsable de la consultora Soluciones Turísticas. “No puedes comparar Cádiz con una urbe de cinco millones de cinco habitantes donde tienes viajeros por castigo”, replica al argumento de Kichi de que “en aquellas ciudades donde ya se ha implantado el impuesto hemos visto que no se ha producido el descenso de turistas del que se alerta”.
“Cádiz no es Berlín o Nueva York”, remarca Galloso, “ni hay cola hasta Jaén para entrar en la ciudad”. De hecho, recuerda que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, planteó el debate pero el sector turístico lo rechazó de plano y no se ha vuelto a hablar de ello. “En Canarias, uno de los destinos predilectos, a nadie se le ocurre mentarlo”, añade.
“La tasa resta poder adquisitivo al turista para destinarlo libremente a lo que él elija”, apuntan fuentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). Cádiz lideraba en el verano de 2019 el gasto medio diario en toda Andalucía, con 79,2 euros, frente a los 66,4 de la media regional, según los datos de Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. “Destinar una cantidad al impuesto supone dejar de distribuirla en la adquisición o disfrute de servicios de la cadena de valor turística”. Hostelería y comercio se resienten.
Pero, además, las mismas fuentes señalan que “desafortunadamente los fines que fija la administración para el destino de la recuadación son un cajón de sastre donde se introducen todo tipo de finalidades, demasiadas veces muy alejado de lo que el turista supone cuando realiza el pago”, por ejemplo, construcción de vivienda.
“O a asfaltar una calle” en Barcelona, exclama Enrique Alcántara, quien recuerda que ya paga otros gravámenes para todo eso, como el IBI, el IVA o el IAE, en el caso de hoteles. “Otra cosa sería que se dedicara a la promoción turística...”, plantea, pero no. El coste repercute en el sector, que no puede subir precios ni obtiene beneficios, finaliza.
Nuevo intento para frenar el número de viviendas turísticas
Solo dos semanas antes de que el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, reabriera el debate sobre la implantación de la tasa turística (iniciativa que obtuvo los votos favorables en el pleno municipal de Adelante Cádiz, PSOE, Ciudadanos y concejal no adscrito y la abstención del PP), el Gobierno local anunció que prevé convocar un Pleno extraordinario con la propuesta de frenar la proliferación de viviendas turísticas como único punto de día. Esta sería la segunda ocasión que se convocara un Pleno extraordinario, después de que hace un año se celebrara otro igual. Entonces, los votos de la oposición tumbaron la iniciativa. “Creemos que este verano habrá hecho reflexionar a la oposición, especialmente al PSOE, sobre el Cádiz que quiere en el futuro: si una ciudad convertida en un parque temático por y para turistas y con empleos precarios; o una ciudad viva, joven, con futuro y que apueste por diferentes sectores productivos”, apuntan fuentes municipales.
