Los caballos, las vacas, las ovejas y las cabras de la granja escuela Buenavista, en la Junta de los Ríos, en Arcos, se han comido en poco más de un año los ahorros de los ocho cooperativistas que gestionan las instalaciones y que, además, han tenido que pagar igualmente las facturas de luz, agua y otros suministros sin hacer caja.
Dos tercios de sus ingresos provienen de las visitas de alumnos durante el curso. Y, pese a que no están prohibidas, solo limitadas en cuanto a aforo, los centros, que deciden en última instancia si salir o no de las aulas, han decidido de manera unánime suspender cualquier actividad extraescolar. “No sabemos qué va a pasar en septiembre”, admite José Freire, uno de los responsables de la granja escuela Buenavista. Pero, hasta entonces, esperan meses duros. “Confiamos que en julio podamos abrir con más ocupación”, confiesa. Con capacidad para un centenar de niños y hasta 30 trabajadores en la temporada estival, ahora mismo solo llevan a cabo el trabajo que va saliendo, con familias o grupos pequeños, los cooperativistas.
La falta de respaldo institucional no ayuda a encarar el futuro inmediato con optimismo. Las cooperativas de los centros de educación ambiental integradas en Faecta han solicitado recientemente a la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero, que “se articulen programas de reconexión con la naturaleza en coordinación con las consejerías de Educación y Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, para que los menores y jóvenes en situación de exclusión social o cuyas familias estén en paro puedan participar en programas de actividades en la naturaleza y en los campamentos de verano”.
Asimsimo, han reclamado las modificaciones correspondientes en las ayudas directas articuladas por la Administración autonómica para que se reconozca a los centros de educación ambiental como beneficiarios de las medidas económicas en curso. “Actualmente somos invisibles”, lamenta Freire, quien considera que, “si la recuperación va a ser verde, debemos ser un pilar fundamental”.
El interés privado por la sensibilización mediambiental es creciente. María José Ramírez, una de las responsables de Ecoherencia, ha adaptado la metodología de las actividades que ofrece pero sigue teniendo demanda. “En 2020, ofrecimos servicio de voluntariado online y en 2021 hemos recuperado la programación ambiental, enfocada fundamentalmente a la responsabilidad social corporativa, con acciones de sensibilización o de restauración de ecosistemas, entre otras”, explica.
Las restricciones sanitarias para llevar a cabo el trabajo obliga a que haya menos participación, lo que le ha llevado a reducir plantilla. “Hemos pasado de tener nueve trabajadores, a dos”, afirma, pero es optimista. “Primavera y otoño suelen ser buenas; ahora el negocio está flojo, pero seguro que en septiembre hay brotes verdes”, asegura
