La pandemia ha puesto de manifiesto las profundas debilidades del sistema de atención a la dependencia. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advirtió a principios de febrero, en vísperas del inicio de la vacunación de los beneficiarios con grado 3 en Andalucía, que un total de 9.696 solicitantes no podrían recibir la inyección al no haber sido valoradas ni tener resolución.
“A ellos, que están en el limbo administrativo, habría que sumar los dependientes de grados 1 y 2 que no han sido revalorizados en los últimos años porque el procedimiento no es flexible pero que, de facto, son dependientes severos en la actualidad y cuya vulnerabilidad ante el Covid-19 es manifiesta”, explica el portavoz regional de la organización, Manuel Fuentes, que participará este lunes en la presentación de un diagnóstico actualizado del servicio prestado en España y en Andalucía junto al presidente de la entidad, José Manuel Ramírez Navarro.
Fuentes advierte, asimismo, que el criterio aplicado por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias para determinar la prioridad de los grupos de población a los que se les administrará el suero, a partir de ahora de acuerdo a la edad, perjudica a la mitad de los dependientes, que están por debajo de los 80 años, y que, sin embargo, presentan un riesgo serio de contagiarse de coronavirus y sufrir complicaciones por la enfermedad.
Por último, señala que 73.357 andaluces que perciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tampoco serán inmunizados.
Si bien admite la dificultad para modificar los planes diseñados por las autoridades sanitarias para llevar a cabo la vacunación, confía en que tanto Gobierno como Junta refuercen el sistema porque la asistencia residencial ha quedado tocada.
En España, subraya, hay 15.000 plazas libres, en su gran mayoría a causa de los fallecimientos registrados durante la pandemia, que no son demandadas. La tendencia es anterior a la irrupción del virus, pero se ha acelerado: las familias optan mayoritariamente por los cuidados en el hogar.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales plantea, explica Fuentes, que el plan de choque anunciado por el presidente Pedro Sánchez, dotado con más de 600 millones para este año, y con cuantía similar el próximo ejercicio y en 2023, se aproveche para, en primer lugar, reducir las listas de espera. En este sentido, recuerda que en España muere una persona cada ocho minutos sin haber recibido la prestación a la que tenía derecho.
Por otra parte, propone destinar los fondos extraordinarios a ampliar la intensidad horaria de la atención domiciliaria. “En los últimos tiempos -lamenta-, la Junta incrementa considerablemente el número de beneficiarios pero con lo que denominados prestaciones low cost”, con atención domiciliaria de diez horas mensuales cuando, agrega, “el usuario puede necesitar 100”.
Y, por último, reclama reforzar las estrucutruas de personal de las corporaciones locales para que estas puedan llevar a cabo seguimiento y vigilancia de los benecificarios. Al respecto, apunta que, gracias al sistema público de atención a la dependencia y al incremento sostenido en inversión desde hace una década, “se ha fijado población rural” y, por otra parte, se han generado 51.000 puestos de trabajo. Andalucía, concluye, destina unos 1.500 millones de euros anuales al servicio y el 95% va destinado a personal.
