Así lo aseguró ayer Martínez Camino en una conferencia de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, que comenzó el pasado lunes y concluyó ayer.
Camino afirmó que esta postura de la Iglesia Católica, “en todo el mundo”, no es nueva y se remitió a sendos documentos al respecto: una carta del entonces cardenal Joseph Ratzinger al ex presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Theodore McCarrick, de junio de 2004, y a una declaración de la CEE sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto, de 17 de junio de 2009.
El portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Madrid también indicó que el proyecto de ley del aborto, que este jueves comenzó su tramitación parlamentaria, es “aún más injusto” que la legislación ya existente al respecto.
“Lo nuevo (con respecto a los dos documentos citados) es que ahora estamos en una situación específica que no será buena para la sociedad española. El proyecto empeora desde el punto de vista ético la actual legislación, que ya es injusta”, manifestó.
Martínez Camino recordó también que en la carta de Ratzinger se señalaba que ante la discrepancia con la Iglesia sobre asuntos morales como el aborto o la eutanasia, el sacerdote “se puede encontrar en la situación de que debe rechazar distribuir la Sagrada Comunión” a un católico que discrepe.
El portavoz recordó que, tal y como señalaba la declaración de la CEE de junio de este año sobre el proyecto de ley del aborto, los católicos que aprueben y den su voto al proyecto “no están excomulgados”, pero sí en una “situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión”.
Agregó que se puede salir de dicha situación “confesándose y reparando públicamente el mal causado, si es que ha sido público el mal causado”.
El documento suscrito por Ratzinger en 2004 señalaba, en relación al aborto, que cuando la “cooperación formal de una persona es manifiesta” con dicho asunto, “su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto a las enseñanzas de la Iglesia, informarle de que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que termine con la situación objetiva de pecado, y advertirle de que, de otra manera, se le negará la Eucaristía”.
Martínez Camino subrayó que la “normativa general” es muy clara respecto a qué debe hacer cada sacerdote a la hora de dar la comunión a aquel católico que haya aprobado el aborto, pero “cómo se actúa en cada caso, hay que ir caso a caso”.
El portavoz de la CEE también se refirió a la denuncia realizada este lunes por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, en el sentido de que la vigente regulación de la enseñanza religiosa en la escuela no se adecúa a lo previsto en el acuerdo sobre Educación y Asuntos Culturales entre la Santa Sede y España.
Martínez Camino insistió en que se trata la asignatura de Religión de “optativa”, y que a los padres y alumnos se les ponen trabas para elegirla poniéndola en horarios marginales y haciendo que de esta manera el resto de compañeros tengan más tiempo para estudiar, y “eso –dijo– no es darle carácter de normalidad ni obedece al deseo de gran parte de los padres”.
Por otra parte, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, informó ayer de que esta organización creará una red de apoyo solidario a la mujer embarazada que la proteja frente al “drama del aborto”.
Antes de participar en Logroño en unas jornadas organizadas por este Foro, Blanco explicó a Efe que se trata del “proyecto red madre”, que ha comenzado a implantarse, de manera progresiva, en las comunidades autónomas.
El Foro Español de la Familia cree que el proyecto de ley del aborto es “tremendamente injusto y seguirá movilizando conciencias para convencer a la sociedad de que habrá que cambiarlo en algún momento esta norma y trabajará para ayudar a la embarazada a encontrar soluciones alternativas al aborto”.
En su opinión, se trata de un proyecto de ley que “no incorpora ayuda alguna de apoyo a la mujer embarazada, que es algo incomprensible a estas alturas”.
Blanco también opinó que “es tal la obsesión abortista de los redactores de esta norma que parece que sólo quieren que haya aborto fácilmente y sin alternativas”.
Otro de los aspectos que este Foro critica del proyecto es el articulado que regula la salud sexual y reproductiva y que, a juicio de Blanco, supone “un intento de imponer una visión de la sexualidad que tiene una verdadera fobia a la vida, de una forma obligatoria y coactiva en el sistema educativo y sanitario español”.
