PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para llevar este martes el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación al Consejo de Ministros, según ha podido saber Europa Press.
Concretamente, se ha alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM). El contenido concreto del acuerdo será detallado este martes.
Con ello, se desatascan los últimos flecos que mantenían los dos socios de coalición al atenderse dos reivindicaciones que desde la formación morada se habían planteado como fundamentales para validar las cuentas públicas.
Por tanto y una vez alcanzado ese consenso, el borrador se aprobará en la fecha prevista inicialmente y no a finales de semana. De hecho, diversas fuentes conocedoras de los contactos incidieron la semana pasada en que el acuerdo debía obtener refrendo tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.
La negociación se había tensionado en las últimas horas. Unidas Podemos había indicado por la tarde que aún no había acuerdo cerrado sobre los Presupuestos, demandando compromisos concretos para la limitación del precio del alquiler y avances en el Ingreso Mínimo Vital.
Esa postura contratastaba con lo manifestado por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó en la Conferencia de Presidentes autonómicos que iban a aprobarse en la fecha prevista un anteproyecto de cuentas públicas para 2021, que incluirá un importante adelanto de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos para combatir los efectos de la crisis del coronavirus.
Las mejoras en el IVM es uno de los aspectos reclamados desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. Además, el líder de Podemos manifestó en una reciente reunión con el Sindicato de Inquilinos que había llegado el momento de cumplir la regulación del precio del alquiler, compromiso del acuerdo de gobierno, sobre todo ante la emergencia social relacionada con la pandemia.
Pero además, en Unidas Podemos apostaba por la regulación del alquiler como elemento clave para facilitar la aprobación de los propios Presupuestos por parte de los socios de investidura, sobre todo en los grupos catalanes como ERC o incluso Junts, dado que en la autonomía el Parlament ya aprobó una normativa en ese sentido.
Una muestra de ello sería el apoyo al manifiesto que reivindica impulsar esa regulación de forma "urgente", suscrito por ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, junto a Podemos. De hecho, en Madrid la formación ha registrado una Proposición No de Ley para que se adopten medidas que regulen el precio del arrendamiento.
Sin embargo, el lado socialista del Ejecutivo abogaban por esperar: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su homólogo de Transportes, José Luis Ábalos, remitían a la nueva Ley de Vivienda, aunque en los PGE incluirían partidas presupuestarias para poder ejecutar dicha ley.
MEDIDAS DE LOS PGE
Lo que sí estaba despejado es el Gobierno aprobará una subida salarial del 0,9% para los empleados públicos para el año 2021, en línea con la previsión de inflación el próximo ejercicio y con la revalorización prevista para las pensiones públicas.
El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos 'verdes', a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas 'Google' y 'Tobin' y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.
La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.
Entre las medidas que recogerá el proyecto de Presupuestos figura un nuevo impuesto a los envases de plástico, la subida del 10% al 21% del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, cambios y novedades en fiscalidad verde y en imposición directa a indirecta.
También recogerán la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y un impulso de los planes de empresa y parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada.
TRAMITACIÓN
Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.
Tras recibir los Presupuestos, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.
Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto.
