La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado sendas quejas ante la Delegación del Gobierno en Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz por la "vulneración de los derechos y libertades" de la ciudadanía, por parte de la Policía Nacional, con motivo de la visita de los Reyes al Polígono Sur este lunes.
En concreto, el colectivo critica la actuación policial porque "impidió moverse libremente por el barrio a personas que, solas o en grupos pequeños", se dirigían hacia el Centro Cívico El Esqueleto, "llevasen o no llevasen banderas y pancartas", informa en un comunicado.
Apdha ha recordado que dos personas fueron multadas por desobediencia contra la autoridad "por el único hecho de haber caminado por la calle a la altura del centro comercial de la barriada de la Oliva", donde la Policía "estaba reteniendo a otro grupo de personas en contra de su voluntad y sin motivos justificados".
De este modo, añade el comunicado, un grupo de personas que tenía previsto acudir a la visita fue "arrinconado" a varios metros del citado centro cívico, "rodeado por un cordón policial que no dejaba el espacio suficiente para guardar la distancia de seguridad sanitaria".
"El responsable del dispositivo apartó arbitrariamente a varias personas muy mayores con la intención de intimidarlas y llevarlas a su furgón. A la vez que ocurrían estos hechos, otro grupo de ciudadanos pudo acercarse al centro cívico sin ningún impedimento, en un trato claramente discriminatorio, contrario a la libertad de expresión y al derecho a la libre circulación de las personas", afirma la ONG.
Apdha ha destacado, además, que "con absoluta certeza" ninguna de las personas que sufrieron esta situación suponían el menor riesgo físico para el Rey, y que el despliegue policial y su "lamentable actuación" no hacía más que responder a una "censura y a prohibir a determinados ciudadanos a poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos".
Considera la ONG que se han vulnerado derechos fundamentales contemplados en la Constitución, contra el sesgo de la libertad de movimiento y de expresión que supuso esta actuación de la Policía contra unos ciudadanos "cuya actitud fue completamente pacífica y en ningún momento alteró el normal desarrollo de la vida cotidiana en el barrio".
